El abogado Agustín Dambra, representante de integrantes de las comunidades originarias detenidos tras el desalojo de los cortes en Misión Nueva y Tres Palmas, aseguró que serían alrededor de 60 las personas privadas de su libertad, aunque hasta el momento pudo obtener información concreta sobre 18 de ellas.
“Aproximadamente son 60 los detenidos”, afirmó Dambra durante una entrevista con Algo está pasando por VLU FM 88.5. Explicó que lograron identificar y obtener información de 18 personas, por quienes presentaron pedidos de excarcelación.
Según el abogado, las presentaciones fueron realizadas el jueves pasado, pero hasta este lunes continuaban sin una resolución. “Ya han pasado más de tres días y todavía no recibimos ninguna notificación”, cuestionó. Dambra sostuvo que el Código Procesal Penal provincial establece un plazo de 24 horas para resolver este tipo de planteos.
“La familia está preguntando constantemente cuándo va a salir esa gente y yo, cuando escribo al juzgado, tampoco recibo respuesta. Es una locura total”, expresó. La causa se encuentra bajo intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, Gabriela Soledad Plazas.
El letrado formuló además una grave denuncia sobre lo ocurrido después del operativo policial. Según su relato, hubo originarios que se internaron en zonas de monte por temor a ser detenidos o golpeados. “La Policía fue, entró, destruyeron las chozas de esta gente. Hay originarios que están escondidos por el monte porque tienen miedo a la Policía”, aseguró.
Dambra sostuvo que resulta contradictorio que integrantes de las comunidades teman a quienes deberían garantizar su seguridad. “Están escondidos en los montes porque no quieren salir, tienen terror de que sean golpeados”, afirmó. Estas acusaciones corresponden a la versión del abogado y no fueron incluidas en el parte oficial difundido tras el procedimiento.
Respecto de las causas iniciadas, explicó que existen diferentes sumarios y señaló que algunos de los detenidos estarían imputados por presunta alteración del orden público. El abogado vinculó el origen del conflicto con los reclamos educativos que desde hace meses mantienen las comunidades.
“Es una locura que ellos estén reclamando que puedan tener acceso a la educación secundaria y vaya la Policía y los reprima por exigir tener acceso a la educación pública”, manifestó. No obstante, aclaró que no comparte la metodología de cortar caminos: “Nosotros mismos les ponemos un límite y les decimos: ‘No, eso está mal’”. Sin embargo, consideró que la protesta debe analizarse en el contexto del desgaste acumulado por la falta de respuestas a los reclamos.
El operativo se realizó sobre el camino vecinal Nº 9002 y, de acuerdo con la información oficial, terminó con 18 detenidos —nueve hombres y nueve mujeres— y el levantamiento de los cortes de Misión Nueva y Tres Palmas. La Policía informó además que dos efectivos resultaron lesionados y que fueron secuestrados distintos elementos, entre ellos teléfonos celulares.
Durante el fin de semana, familiares e integrantes de distintas comunidades se movilizaron para reclamar la liberación de los detenidos. Dambra insistió en que todavía aguardan una respuesta judicial sobre las excarcelaciones y cuestionó las dificultades que, según señaló, tuvieron inicialmente las familias para conocer dónde estaban alojadas las personas arrestadas.
