Formosa registró el mayor porcentaje de notificaciones no entregadas en el marco de las auditorías de pensiones no contributivas por discapacidad que lleva adelante el Gobierno nacional, con un 74% de citaciones que no llegaron a sus destinatarios durante 2025, según datos oficiales presentados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados.
El concejal radical de la capital formoseña, Enzo Casadei, ofreció una explicación contundente sobre esta situación e “Algo Está Pasando”: “Muchos de estos beneficiarios jamás van a recibir esa notificación porque ni siquiera se encuentran en Formosa. Deberían buscarlos del otro lado del Río Paraguay”.
Según Casadei, durante más de una década “el otorgamiento de pensiones en Formosa se utilizó como método de cooptación de voluntades y para disfrazar el drama socioeconómico de la falta de trabajo en la provincia”. Esta herramienta habría sido instrumentada por el peronismo formoseño y sus intendentes, generando lo que el edil radical califica como “fraude literal” que la UCR denunció en varias oportunidades.
Casadei criticó la paradoja de esta situación: mientras hay “pequeños productores que necesitan acompañamiento tanto del gobierno nacional como provincial” para afrontar sequías y heladas, se entregan “cheques todos los meses sin ninguna retribución a personas que claramente no reúnen las condiciones para ser beneficiarios de una pensión y ni siquiera viven en el país”.
El concejal también cuestionó el mecanismo de entrega de las notificaciones, que depende de correos privados. “En el interior es una persona que recibe eso y muchas veces ni siquiera tiene las ganas de ser el verdugo del propio vecino“, explicó, sugiriendo que esto genera situaciones problemáticas en el proceso.
Como solución, Casadei propuso que “el Gobierno Nacional tiene que permitirle, por ejemplo, a Gendarmería Nacional que sea la encargada de entregar las notificaciones a los fines de comprobar fehacientemente que el beneficiario viva donde dice vivir y sobre todo, obviamente, que viva en el país”.
El legislador radical advirtió sobre las consecuencias del nuevo decreto que modificó las condiciones de la auditoría: “La no entrega de notificaciones al beneficiario ya es motivo de baja“, lo que significa que no solo dejan de cobrar sino que “también pierden la cobertura médica”.
“Lamentablemente, muchos justos pagan por pecadores“, reconoció Casadei, quien confirmó que desde su sector están “asistiendo a muchos formoseños, a familias que pierden este beneficio ya sea por un problema logístico, por alguna falla en el sistema y que realmente merecen tener el beneficio“.
El concejal concluyó que esta situación responde al “uso político que se hizo de las pensiones” durante años, generando “una herramienta de control social, de coacción que ejerce el gobernador [Gildo Insfrán] a través de los intendentes en el interior, que han construido poder a través de esta situación de vulnerabilidad de muchísimos formoseños”.
