La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) comunicó oficialmente a la juez federal Nº2, Belén López Macé, que dejó sin efecto la suspensión de las pensiones por incapacidad laboral en la provincia de Formosa. La medida se hará efectiva a partir de este mes, tras un fallo judicial que ordenó la reanudación inmediata de los pagos.
El Director de ANDIS, Alejandro Vilches, firmó una resolución que confirmó la reanudación de los pagos después de que el Juzgado Federal Nº2 ordenó dejar sin efecto “las medidas de retención y/o suspensión de las pensiones contributivas por invalidez laboral”.
La decisión judicial del 24 de agosto surgió tras una acción de amparo que presentaron la Asociación “Camino Azul-TEA Formosa”, presidida por Florencia Santa Cruz, junto a beneficiarios afectados y la Defensoría del Pueblo de la provincia.
La medida judicial no solo benefició a los casos específicos que presentó “Camino Azul”, sino que se extendió a todos los pensionados de la provincia formoseña que se encontraban en situación similar.
Florencia Santa Cruz, presidenta de la asociación demandante, fue contundente en sus críticas al proceso que implementó ANDIS: “No estamos en contra de las auditorías, pero no deben afectar a las personas que más necesitan“, sostuvo.
Los datos oficiales presentados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados, revelan la magnitud del problema en Formosa. La provincia registró una tasa del 74% de citaciones para auditorías que no llegaron a sus destinatarios durante 2025.
Según el informe de ANDIS, Formosa tuvo 36.789 citaciones totales para auditorías, de las cuales 27.191 no fueron entregadas, representando una tasa de no entrega del 73,9%. Esta cifra ubica a la provincia en el cuarto lugar nacional de jurisdicciones con mayores problemas de notificación, solo superada por Chaco (79,1%), Misiones (73,6%) y Corrientes (70,4%).
La situación evidencia problemas estructurales en el sistema de auditorías implementado por el Gobierno nacional. Las cartas documento, firmadas por Diego Orlando Spagnuolo, debían ser notificadas en los domicilios por el correo privado, pero las dificultades geográficas y socioeconómicas, particularmente en provincias del norte del país, han generado serios obstáculos en el acceso a los beneficios sociales.
