El PAMI, la obra social más grande del país, acumula cuatro liquidaciones quincenales impagas —más de dos meses de deuda— y lo que comenzó como un problema contable amenaza con convertirse en una emergencia sanitaria para miles de jubilados.
El presidente de la Federación Farmacéutica de Formosa, Ernesto Morales, fue contundente al describir la situación: “Estamos atrasados y más de dos meses, tres meses. Se estaban pagando quincenas de noviembre“, señaló, marcando la distancia entre lo que el organismo paga y lo que las farmacias ya dispensaron.
El mecanismo de pago del PAMI es escalonado —un anticipo, un pago intermedio y saldos posteriores— lo que ya de por sí genera tensión de caja. Pero cuando ese sistema se atrasa cuatro períodos, la cadena de pagos colapsa hacia abajo. Las droguerías, que abastecen a las farmacias con plazos de entre 7 y 10 días, no negocian: si la farmacia no paga, le cortan el suministro.
“Las droguerías tienen plazos de 7 a 10 días y esos plazos son cumplidos a rajatabla. Si no se paga, les cortan la cuenta a la farmacia“, explicó Morales, graficando la presión que recae sobre establecimientos que, en muchos casos, son pequeñas farmacias de barrio a cargo de un solo profesional.
Crisis sanitaria
Más allá de los números, el verdadero impacto se siente en el mostrador. Las coberturas del PAMI se redujeron y los jubilados que antes retiraban sus medicamentos sin costo hoy deben abonar diferencias que, para muchos, resultan inaccesibles.
“Están pasando cosas que vienen con una receta de dos o tres medicamentos y al final terminan llevando uno solo“, describió Morales. La consecuencia directa es el abandono de tratamientos, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes, que requieren medicación continua.
Para Morales, ese es el punto de quiebre donde lo financiero se vuelve sanitario: “Esto se transforma en un problema ya sanitario por la falta de cumplimiento en los tratamientos fundamentalmente crónicos en los pacientes”.
Crisis nacional
El problema no es exclusivo de la provincia, pero Formosa no escapa a él. A nivel nacional, algunas entidades farmacéuticas ya evalúan restricciones en la prestación del servicio a las obras sociales con mora. En Formosa, según Morales, cada farmacia tiene margen para tomar esa decisión de manera individual, aunque por ahora se sostiene la atención.
La situación con otras obras sociales es dispar. El IASEP provincial —que opera con un sistema de descuento del 25% directo en el mostrador— no presenta demoras en sus pagos. El conflicto, por volumen e impacto, se concentra en el PAMI, que representa la mayor proporción de facturación de cualquier farmacia con convenios de obra social.
En un contexto donde las grandes cadenas farmacéuticas ganan terreno en las capitales provinciales, son precisamente las farmacias de barrio las más expuestas. Con menor espalda financiera, cualquier demora sostenida puede volverse terminal. “Defendemos la farmacia de barrio, la farmacia asistencial, la farmacia profesional a cargo del farmacéutico“, afirmó Morales, en lo que sonó tanto a posición gremial como a advertencia.
