La crisis institucional de la Facultad de Humanidades suma un nuevo capítulo de gravedad. Rafael Olmedo fue denunciado por fraude al no cumplir con el requisito de cinco años de antigüedad en el cargo, establecido en el artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo. Además, se lo vincula con objeciones al cumplimiento de los requisitos estatutarios exigidos para ejercer el decanato, particularmente en relación con la condición de profesor ordinario por concurso.
En ese contexto, los denunciantes señalan que Olmedo habría solicitado la renuncia de su vicedecana y de su secretaria académica, una decisión que interpretan como un intento de modificar los equilibrios internos y lograr respaldo dentro del cuerpo colegiado.
La falta de consensos y el deterioro de las relaciones entre la conducción y los representantes docentes habrían contribuido, según esta interpretación, a profundizar la crisis que hoy enfrenta la Facultad.
Los consejeros directivos docentes denuncian arbitrariedad, improcedencia y persecución ideológica tras ser apartados del cuerpo colegiado sin recibir una notificación fehaciente de los fundamentos de la decisión ni tener acceso al expediente, y sin derecho a defensa, ya que se les niega el acceso al acta de la sesión y a la resolución.
Cuestionan la legalidad del procedimiento: sostienen que el Consejo Directivo carece de competencia estatutaria para excluirlos unilateralmente y que la decisión se tomó en una sesión extraordinaria del 9 de octubre, en la cual el decano se encontraba apartado de su cargo por disposición del Consejo Superior.
Para los consejeros afectados, lo ocurrido no constituye un simple desacuerdo administrativo, sino una decisión que consideran arbitraria y que interpretan como una manifestación de persecución ideológica contra quienes sostienen posiciones diferentes dentro del cuerpo colegiado de la Facultad.
