La Cámara Federal de Resistencia rechazó este miércoles 12 de agosto el recurso promovido por un grupo de consiliarios de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), entre ellos el decano de la Facultad de Humanidades, Rafael Olmedo, que buscaba apartar del Consejo Superior a Rafael Portocarrero Curay, José Luis Guillén y Roxana Marina Arrúa.
La presentación fue realizada por Carlos Aníbal Martínez, María Rosa Sanabria, Alfredo Rafael Olmedo, Zulma Carmen Ayala, Ignacio Alberto Báez, Jorge Daniel Hotesen, Carla Aldana Ibarra, Karim Oscar Naser, Mario Gabriel Orlandi y María de las Mercedes Santa Cruz.
Los demandantes sostenían que los tres consiliarios se encontraban alcanzados por causales de caducidad de mandato e incompatibilidad, previstas en el artículo 44 del Estatuto de la UNaF y en la Resolución del Consejo Superior N.º 0080/11.
Además de solicitar su exclusión, pidieron una medida cautelar para impedirles participar en las sesiones del Consejo Superior mientras se resolviera la causa. El planteo apuntaba especialmente a la reunión convocada para este 12 de agosto mediante la Resolución Rectoral N.º 1152/26.
Los recurrentes argumentaron que habían presentado previamente sus denuncias ante el Consejo Superior y el Rectorado, pero que no recibieron respuestas. Por ese motivo, interpretaron el silencio de las autoridades universitarias como una denegación tácita que habilitaba la intervención directa de la Cámara.
Sin embargo, el tribunal concluyó que la falta de respuesta de la Universidad no puede ser considerada una “resolución definitiva”, requisito exigido por el artículo 32 de la Ley de Educación Superior para acudir directamente ante una Cámara Federal.
La jueza Rocío Alcalá explicó en su voto que el recurso directo está previsto para revisar actos administrativos expresos y definitivos dictados por las universidades nacionales. En este caso, al no existir una decisión formal de la UNaF sobre las denuncias, la vía procesal elegida no resultaba adecuada.
La Cámara no se pronunció sobre si Portocarrero Curay, Guillén y Arrúa deben continuar o no como integrantes del Consejo Superior. Tampoco analizó la veracidad de las incompatibilidades denunciadas ni resolvió específicamente la medida cautelar, porque consideró que esos planteos quedaron sin objeto dentro de este expediente.
El fallo indicó que los derechos invocados por los demandantes podrían ser discutidos mediante las vías correspondientes ante los tribunales federales de primera instancia, donde el conflicto tendría un ámbito más amplio de análisis y producción de pruebas.
La postura de Alcalá fue acompañada por los camaristas Patricia Beatriz García y Enrique Jorge Bosch. De esta manera, la Cámara resolvió por unanimidad “rechazar in limine” el recurso directo presentado el 10 de agosto, comunicar la resolución a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema y archivar posteriormente las actuaciones.
La decisión representa un revés procesal para el sector encabezado por Olmedo, aunque no cierra definitivamente la disputa interna dentro de la UNaF: el fallo deja abierta la posibilidad de que los denunciantes inicien una nueva acción ante el juzgado federal competente.
