El Gobierno nacional resolvió reforzar su estrategia de lucha contra el narcotráfico con una serie de medidas destinadas a mejorar la coordinación entre la Justicia Federal, las provincias y los organismos especializados en la persecución de este delito.
En ese esquema, Formosa aparece como una de las jurisdicciones donde se buscará fortalecer el trabajo conjunto contra el narcomenudeo, al contar desde 2015 con la desfederalización de esa competencia.
La medida fue oficializada por el Ministerio de Justicia, que dispuso la reactivación de la Mesa de Articulación Judicial contra el Narcotráfico (MAJUN) y designó como coordinador al subsecretario de Política Criminal, Emiliano Pedro Méndez Ortiz.
El objetivo es profundizar el intercambio de información, coordinar investigaciones y diseñar estrategias comunes entre las jurisdicciones provinciales y la Justicia Federal.
Además, la resolución ratifica la continuidad del Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (PRONADEM), creado para brindar asistencia técnica, capacitación y herramientas a las provincias que investigan el narcomenudeo. Formosa integra ese grupo de jurisdicciones, por lo que podrá participar de las instancias de coordinación y fortalecimiento institucional previstas por la Nación.
El documento sostiene que la desfederalización permite a las provincias actuar con mayor rapidez frente a los mercados locales de drogas, mientras que la Justicia Federal puede concentrar sus recursos en las organizaciones dedicadas a la producción, el transporte y la distribución de estupefacientes. En ese sentido, el Ministerio de Justicia busca consolidar una política criminal integrada entre todos los niveles del Estado.
La resolución también impulsa la reactivación de reuniones periódicas entre representantes de las cámaras federales, procuradores, cortes provinciales, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Unidad de Información Financiera (UIF), con el propósito de compartir estadísticas, intercambiar información sobre nuevas modalidades delictivas y coordinar investigaciones complejas. Asimismo, se prevé avanzar en protocolos de actuación conjunta y en la conformación de equipos integrados para causas de mayor envergadura.
El fortalecimiento de esta política se apoya en el crecimiento de las investigaciones por delitos vinculados a drogas. Según datos citados por el Ministerio, durante 2025 se iniciaron 19.440 investigaciones en fiscalías federales por infracciones a la Ley de Estupefacientes. El 47,3% correspondió a delitos previstos en el artículo 5 de la Ley 23.737 y, dentro de ese universo, el 79% estuvo relacionado con presuntos casos de comercialización o tenencia con fines de venta, cifras que llevaron al Gobierno nacional a profundizar la coordinación con las provincias, entre ellas Formosa.
