Durante el primer semestre de 2026, Formosa perdió 4.375 hectáreas de bosque nativo, según un informe elaborado por Greenpeace mediante el análisis de imágenes satelitales. La provincia quedó detrás de Santiago del Estero (20.727 hectáreas) y Salta (11.960), mientras que Chaco registró 3.800 hectáreas desmontadas.
En total, las cuatro provincias acumularon 40.862 hectáreas deforestadas entre enero y junio, una superficie equivalente a dos veces la Ciudad de Buenos Aires.
En diálogo con Algo está pasando por VLU FM 88.5, el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, explicó que el primer semestre suele mostrar cifras menores debido a las lluvias estivales, aunque advirtió que la segunda mitad del año concentra históricamente la mayor actividad de desmontes.
Más allá de las cifras, Giardini puso el foco en la política provincial de ordenamiento territorial, al señalar que en Formosa gran parte de los desmontes se realizan con autorización oficial.
“El gobierno formoseño viene impulsando ordenamientos territoriales bastante flexibles para pedir permisos de desmonte en amplias zonas. En muchos casos los desmontes son legales, pero siguen siendo dañinos porque fragmentan el bosque“, sostuvo.
El referente ambiental remarcó además que, según los registros históricos de Greenpeace, después de la sanción de la Ley Nacional de Bosques Formosa registró, en promedio, cuatro veces más desmontes que en el período previo, lo que, a su criterio, evidencia que la legislación provincial no logró establecer límites efectivos al avance sobre los bosques nativos.
No son solo los desmontes ilegales
Consultado sobre si las 4.375 hectáreas detectadas correspondían a desmontes ilegales, Giardini aclaró que el relevamiento satelital no distingue entre intervenciones autorizadas y clandestinas, aunque insistió en que esa diferencia no modifica el impacto ambiental.
“Aunque muchos desmontes sean legales, siguen siendo perjudiciales para el ecosistema”, afirmó.
También recordó que en otras oportunidades el Gobierno de Formosa cuestionó los informes de Greenpeace, aunque señaló que las diferencias no suelen estar en los números sino en la interpretación de su gravedad.
“No discuten tanto las cifras, sino que para ellos los niveles de desmonte son bajos y para nosotros siguen siendo muy altos”, explicó.
Un delito penal
Giardini sostuvo que el actual sistema de multas no alcanza para desalentar la destrucción de bosques, ya que muchos empresarios incorporan esas sanciones como un costo más de producción.
“Las multas económicas no están frenando los desmontes ilegales. Hay empresarios que las incorporan como parte de sus costos y otros recurren a la Justicia para no pagarlas”, advirtió.
Por ese motivo, Greenpeace volvió a impulsar la discusión de una legislación nacional que incorpore el ecocidio y otros delitos ambientales al Código Penal.
“Nuestro sistema jurídico hoy considera más delito robar un pan para comer que deforestar miles de hectáreas. Debemos terminar con esa impunidad”, afirmó.
El informe recuerda que Argentina asumió en la Cumbre Climática de Glasgow el compromiso de alcanzar la Deforestación Cero para 2030, aunque los niveles actuales siguen siendo elevados.
Para Greenpeace, la pérdida de bosques provoca pérdida de biodiversidad, agravamiento del cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación y desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer los controles y endurecer las sanciones contra quienes destruyen los ecosistemas nativos.
