El paro de trabajadores de limpieza tercerizados del Hospital Central de Formosa dejó al descubierto un esquema de extrema precarización laboral y una denuncia que podría involucrar más de 20 millones de pesos destinados al pago de salarios.
Rosalía, una de las 36 empleadas afectadas por la situación de la cooperativa Consorcio Libertad, relató en declaraciones a VLU FM 88.5 que el personal acumula dos meses sin cobrar y que las autoridades sanitarias les informaron que los fondos ya habían sido transferidos a la responsable de la cooperativa, identificada como Estela Ortiz.
“El ministro (Juan Carlos Atencia) nos dijo que ellos ya le pagaron a la señora Ortiz y que ahora ella es la que tiene que resolver el problema porque la plata ya estaba para pagarnos”, afirmó la trabajadora.
Según explicó, los empleados mantuvieron una reunión con autoridades del Hospital Central, asumió esta semana Martín Puga, y del Ministro de Desarrollo Humano, Atencia, donde recibieron la garantía de que continuarán desempeñando sus tareas y que no perderán sus puestos de trabajo. Sin embargo, la deuda salarial correspondiente a los últimos dos meses continúa sin resolverse.
La situación afecta a 36 trabajadores que perciben un salario mensual de $305.000 por realizar tareas de limpieza durante cinco horas diarias. Tomando como referencia esos montos, la deuda acumulada supera los $21 millones.
“Tenemos que tratar de localizar a esa señora porque el ministro nos dijo que el Ministerio ya le pagó todo y que ella es la que tiene que pagarnos nuestra plata”, sostuvo Rosalía.
El reclamo mostró las condiciones laborales bajo las que se desempeñaba el personal. La trabajadora aseguró que nunca firmaron contratos formales y que durante mucho tiempo cobraron mediante recibos que no especificaban detalles de la relación laboral.
“Nos hacían firmar en blanco. Después empezaron a hacer transferencias, pero nunca firmamos nada”, relató.
Rosalía contó además que la responsable de la cooperativa prácticamente no tenía contacto con los empleados. “Hace tres años que está la cooperativa y solamente una vez se presentó personalmente. Después nunca más la vimos”, señaló.
La precarización también alcanzaba a las condiciones de trabajo. Según indicó, los elementos de protección personal como guantes, barbijos, cofias y camisones eran provistos por el Hospital Central, mientras que en los últimos meses comenzaron a faltar incluso los productos básicos de limpieza que debía suministrar la cooperativa.
“Estos dos últimos meses ya casi no traían nada. El hospital nos daba los elementos para trabajar”, explicó.
Mientras los trabajadores intentan ubicar a la responsable de la cooperativa para reclamar el pago de los salarios adeudados, la incertidumbre continúa. Aunque las autoridades sanitarias prometieron mantener las fuentes laborales, el caso volvió a poner en discusión el funcionamiento de las cooperativas que prestan servicios en organismos públicos, vinculados políticamente a funcionarios, y los mecanismos de control sobre los fondos destinados al pago de trabajadores que cumplen funciones esenciales dentro del sistema de salud.
