El Concejo Deliberante de Formosa aprobó en su última sesión la ordenanza que regula la disposición de residuos en la vía pública, convirtiendo en norma permanente un decreto que el intendente, Jorge Jofré, había impulsado durante el receso legislativo.
La medida, que generó rispideces en el recinto —con votos negativos de la oposición y una llamativa abstención del concejal gildista Marcelo Sosa—, apunta a erradicar los microbasurales urbanos a través de inspecciones, sanciones y educación ambiental.
En diálogo con VLU FM 88.5, la coordinadora de Ambiente y Transición Energética de la Municipalidad, Laura Díaz Roig, detalló los ejes centrales de la nueva normativa y defendió su necesidad frente a las críticas.
Uno de los pilares de la ordenanza es la creación de un cuerpo de inspectores ambientales que actualmente ya está en funcionamiento, recorriendo los distintos barrios de la ciudad. “Están informando a los vecinos puerta por puerta para explicar que la disposición de residuos es específicamente en el retiro domiciliario”, señaló Díaz Roig.
La funcionaria explicó que, para el caso de residuos no convencionales —muebles, escombros, electrodomésticos—, el vecino debe dejarlos en la vereda y comunicarse con el 0800 municipal para coordinar el retiro. “Así podemos organizar la logística de recolección sabiendo dónde está y qué vamos a ir a retirar”, precisó.
El costo oculto
Más allá del impacto visual y sanitario, Díaz Roig puso en números una realidad que pocas veces se discute públicamente: el 70% del gasto municipal en gestión de residuos corresponde a domiciliario y microbasurales, y de ese total, el 25% es atribuible exclusivamente a los basurales clandestinos.
“La municipalidad limpia, pero no tardan ni dos horas en volver a tirar en ese lugar. Y levantar un microbasural requiere maquinaria, mayor cantidad de camiones, corte de tránsito, retroexcavadoras. Es una logística completamente diferente y mucho más costosa”, subrayó.
La ciudad genera actualmente un promedio de 178 toneladas diarias de residuos —aproximadamente un kilogramo por habitante por día—, cifra que representa una reducción respecto de las más de 200 toneladas que se procesaban anteriormente, tendencia que la coordinadora asoció principalmente a cambios en el consumo.
Los “carreros”
La ordenanza también crea un registro obligatorio de personas que transportan residuos urbanos, medida que apunta directamente a quienes pasan por los barrios ofreciendo retirar basura a cambio de dinero y luego la abandonan en espacios públicos. “No sabemos quiénes son, no sabemos dónde van, no sabemos dónde tiran“, resumió Díaz Roig.
Sin embargo, la funcionaria fue enfática en que el objetivo no es perseguir a esas personas sino integrarlas al sistema formal. “Queremos encontrar la forma de incluirlos en la recolección. Si para ellos significa algún tipo de trabajo o changa, que se registren y vamos a tratar de ver cómo hacemos para que estén trabajando, pero haciendo bien el trabajo”, afirmó.
La aprobación de la ordenanza no estuvo exenta de tensiones. La oposición votó en contra y el concejal Marcelo Sosa optó por abstenerse, argumentando que la norma traslada la responsabilidad al vecino sin reconocer deficiencias en el servicio de recolección en algunos barrios.
Díaz Roig rechazó esa lectura y también las acusaciones de que la medida tiene un fin recaudatorio. “Quienes dicen que es una cacería de brujas no entienden que si yo quiero que esto deje de suceder, no voy a recaudar. Lo que quiero es que esta conducta deje de existir”, respondió. Y agregó, sin nombrar actores específicos, que no descarta que exista algún tipo de intencionalidad política detrás de la generación de microbasurales: “Quienes se beneficiarían de que fracase el sistema de recolección, en algún momento seguro aportan su granito de arena para que esto suceda.”
