La reducción de los fondos de coparticipación federal que reciben los municipios y Concejos Deliberantes del interior de Formosa comenzó a traducirse en alarmas concretas para los trabajadores estatales.
En Comandante Fontana, los 20 empleados contratados del Concejo Deliberante fueron convocados a una reunión con el presidente del cuerpo, quien les comunicó que, si bien este mes percibirán sus haberes con normalidad, los meses siguientes podrían traer recortes o directamente la rescisión de sus contratos.
Quien describió la situación con detalle fue Héctor Vega, secretario general de la seccional ATE que abarca las localidades de Ibarreta, Las Lomitas, Bartolomé de las Casas y Comandante Fontana, en diálogo con VLU FM 88.5.
Vega precisó que la planta permanente del Concejo cobra con normalidad por el momento, pero advirtió que, si la caída en los ingresos persiste, el riesgo se extenderá también a los empleados de planta. A eso se suma la proximidad del pago del aguinaldo, que agrava aún más el cuadro financiero de la institución.
Para cubrir el pago de este mes, el presidente del Concejo Deliberante debió recurrir a un préstamo de tres millones de pesos que le solicitó al intendente municipal, una solución de emergencia que grafica la fragilidad del esquema.
Sin opciones laborales
Más allá de la coyuntura, Vega señaló un problema estructural que potencia el impacto de cualquier baja en los ingresos: la sobredimensión histórica de las plantas de empleados en los organismos del interior. “Meten empleados, meten empleados, meten empleados, y cuando llega la plata no hay problema. El problema es cuando baja la coparticipación“, sintetizó el dirigente sindical.
Esta práctica, según el dirigente, responde a una lógica política: ante la ausencia de un sector privado robusto en las pequeñas localidades del interior, los intendentes y presidentes de comisiones de fomento incorporaron trabajadores al Estado como forma de contención social y construcción de capital político. El resultado es una estructura de gastos que no resiste las fluctuaciones de los fondos nacionales.
La situación se vuelve más grave cuando se considera que el mercado laboral privado en esas localidades es prácticamente inexistente. Vega fue categórico al respecto: no hay hacia dónde ir para un trabajador que pierda su empleo público en el interior formoseño.
La problemática no es exclusiva de Fontana. Vega confirmó que en Ibarreta los empleados viven una situación similar de incertidumbre frente a la merma de coparticipación. En Gran Guardia, el escenario ya es más crítico: el Consejo Deliberante habría abonado solo el 50% de los haberes correspondientes a enero, y la comisión de fomento también pagó con ese porcentaje los sueldos de marzo.
En Laguna Yema, en tanto, las autoridades locales adhirieron al incremento salarial del 14% anunciado por el gobierno provincial, una cifra que los propios empleados consideran insuficiente frente a la realidad inflacionaria.
El cuadro refleja una tensión estructural de larga data: el Estado como empleador de primera y última instancia en el interior de Formosa, sin que se haya desarrollado en paralelo una economía privada capaz de absorber la mano de obra local. Mientras los fondos nacionales llegan con holgura, el sistema funciona. Cuando bajan, el ajuste recae inevitablemente sobre los trabajadores.
Vega reconoció que la incertidumbre ya impactó anímicamente en los empleados afectados. “Salieron de la reunión con la cara triste. Y es entendible: están contando con esa plata y no saben qué va a pasar el mes que viene“, reflexionó el secretario de ATE, que prometió mantenerse en alerta y monitorear la evolución de los ingresos en los próximos meses.
