En Formosa, 26.000 familias originarias de más de 455 comunidades —wichí, pilagá y toba— reciben mensualmente módulos alimentarios financiados y distribuidos íntegramente por el Gobierno provincial.
La asistencia es presentada como un logro de gestión, su sola existencia refleja una realidad preocupante: miles de hogares no logran cubrir sus necesidades básicas y dependen del Estado para acceder a alimentos esenciales.
Cada módulo incluye arroz, leche, azúcar, picadillo, fideos, polenta y otros productos no perecederos básicos. La distribución se realiza en operativos que recorren el territorio provincial, acompañados por carteles y gigantografías con la imagen del gobernador Gildo Insfrán, explicitando el mensaje político detrás de la ayuda.
Desde el Ejecutivo destacan que esta política responde al recorte de asistencia nacional, pero al mismo tiempo reconocen que la mayoría de las familias beneficiarias “no llegan a fin de mes” en el actual contexto económico. “Esta entrega tiene un impacto positivo porque las familias no llegan a fin de mes por las decisiones políticas y económicas que lleva adelante la gestión nacional, esto es un respiro de parte de nuestro Gobierno y va a paliar esta situación sombría que atraviesa el pueblo argentino”, afirmó Catalino Sosa, funcionario que supervisa la distribución.
La magnitud del operativo, que abarca localidades como Bartolomé de las Casas, Ibarreta, Estanislao del Campo, Colonia San Carlos y Riacho de Oro, da cuenta de la dependencia alimentaria de vastos sectores de la población indígena. Lo que para el Gobierno es “Estado presente”, para la oposición y analistas sociales es un indicador alarmante del deterioro económico y de la falta de autonomía de las comunidades para garantizar su sustento.
La entrega de alimentos, lejos de ser un hecho aislado, se suma a otros programas que también debió absorber la provincia tras el recorte nacional, como la provisión de medicamentos o el sostenimiento de comedores comunitarios. Sin embargo, el trasfondo de esta asistencia no deja de exponer un problema estructural: la persistente pobreza en comunidades originarias que, década tras década, dependen de la ayuda estatal para sobrevivir.
