La Federación Médica de Formosa (FEMEFOR) y la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Formosa (ACLISA) presentaron un pedido formal ante el Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP) para obtener información precisa sobre la normativa vigente en materia de facturación de prestaciones médicas.
El reclamo, elevado el 2 de enero ante el interventor del IASEP, Dr. Claudio Samaniego, responde a la aplicación de débitos por parte de las auditorías médica y administrativa del instituto sin que los prestadores “conozcan la existencia de una normativa clara“, consensuada o notificada formalmente.
Según señala la documentación presentada por ambas entidades, los prestadores han recibido descuentos en sus liquidaciones sin estar informados previamente sobre los parámetros utilizados para su aplicación. Esta situación genera incertidumbre en el sector y dificulta la planificación financiera de clínicas, sanatorios y consultorios médicos que atienden a los empleados públicos provinciales.
Los puntos del reclamo
Las entidades solicitaron conocer con precisión tres aspectos fundamentales:
- La cantidad de órdenes médicas que pueden presentarse al cobro por afiliado y por mes
- Los límites mensuales de facturación
- Los requisitos para la presentación de órdenes con historia clínica por paciente
Además, formalizaron el pedido de regularización de la situación actual, exigiendo el pago de los débitos ya formulados o, en su defecto, el envío inmediato de la resolución o normativa que establezca claramente los límites de facturación por prestador.
El núcleo del conflicto radica en la ausencia de transparencia en las reglas de juego. Los prestadores sostienen que no puede aplicarse una sanción económica sin que exista una normativa previa conocida por las partes involucradas. Este principio básico de seguridad jurídica es el que motiva la presentación formal ante las autoridades del IASEP.
El trámite quedó registrado bajo el número A-000050/26-IASEP-MES-EXP con destino a la Secretaría General del Instituto. Los prestadores aguardan ahora una respuesta oficial que clarifique la situación y permita regularizar las relaciones administrativas con la obra social de los empleados públicos provinciales.
