El Gobierno nacional inició una auditoría masiva sobre las pensiones por invalidez en la provincia de Formosa. Según informó la directora de la UDAI ANSES Formosa, Patricia Arias, el proceso ya comenzó en varias localidades, como la ciudad capital, Villafañe y otras del interior, y se prevé que continúe en el oeste provincial.
Los que reciban la convocatoria deberán presentarse en clínicas privadas, prestadoras del PAMI, con la documentación médica que acredita el porcentaje de invalidez para acceder a la pensión.
En total, serán revisados más de 18.000 beneficiarios para determinar si cumplen con los requisitos de incapacidad para acceder a este beneficio en una primera etapa.
Uno de los datos más impactantes que surgió en el marco de esta auditoría es que, según registros oficiales, desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024, un total de 1.129 personas han renunciado voluntariamente a sus pensiones en Formosa.
La razón principal, según explicó Arias, es el temor a ser descubiertos en una situación irregular. “Muchas personas vienen a preguntar qué tipo de enfermedad tienen, porque ni siquiera saben por qué cobraban la pensión. Otras directamente renuncian por miedo a que se les descuente dinero o a recibir una denuncia penal por fraude al Estado”, explicó la funcionaria en Algo está pasando.
Arias también se refirió a los mecanismos que en algunos casos pudieron haber facilitado el acceso indebido a estas pensiones. “Hemos escuchado de personas que recibían la pensión como una suerte de contraprestación por trabajos que realizaban para terceros. Es decir, en lugar de recibir un sueldo, les gestionaban una pensión”, aseguró. Sin embargo, aclaró que aún no se ha determinado quiénes facilitaron este tipo de maniobras y que eso podría esclarecerse tras la auditoría.
El proceso de fiscalización se realiza a través de citaciones formales que los beneficiarios reciben en sus domicilios. “Las personas no deben presentarse en las oficinas de ANSES para la auditoría, sino en los lugares indicados en la notificación que reciben”, aclaró Arias.
En Formosa, según un informe del Congreso, hay 40.333 beneficiarios de pensiones por invalidez. Si bien no hay un dato actualizado de cuántos efectivamente continúan cobrándolas tras las renuncias y suspensiones, la directora de ANSES aseguró que “las cifras finales se conocerán cuando termine la auditoría”.
La revisión de estos beneficios también generó preocupación en quienes realmente padecen una discapacidad. “Las personas que estén enfermas no deben preocuparse, simplemente deben presentar la documentación que respalde su condición. Pero hay casos en los que se detectó un uso irregular del sistema y eso es lo que se quiere corregir”, afirmó Arias.
A medida que avancen las auditorías en todo el territorio provincial, se espera que se clarifique cuántos beneficiarios efectivamente cumplen con los requisitos y cuántos estaban cobrando de manera irregular.
