Más de 4.000 policías retirados de la provincia de Formosa atraviesan una situación que consideran profundamente injusta: después de carreras de 25, 30 y hasta 35 años de servicio, cobran haberes que representan menos de la mitad de lo que perciben sus compañeros que se retiran hoy.
Durante mucho tiempo, los efectivos de la Policía de Formosa percibieron una suma que no figuraba en ningún recibo de sueldo. Se la conocía internamente como “extensión laboral” y compensaba los recargos de guardia realizados fuera del horario habitual: noches, madrugadas y fines de semana.
Era un ingreso tan relevante —equivalía a casi un sueldo completo adicional— que los turnos extra eran los más buscados dentro de la fuerza. En los hechos, esa suma informal era una parte esencial del ingreso mensual de cualquier policía formoseño.
El problema era previsible: como ese dinero nunca fue declarado, no podía computarse como haber jubilatorio. Quienes se retiraron mientras esa suma seguía en negro se fueron sin ella incorporada, y esa diferencia quedó congelada para siempre.
En 2021, el gobierno provincial decidió blanquear la extensión laboral e incorporarla formalmente al salario policial. La medida benefició a todos los efectivos en actividad y a quienes se retiraron a partir de ese momento. Pero los más de 4.000 policías que ya habían dejado el servicio antes de esa fecha quedaron completamente excluidos, sin explicación y sin mecanismo de compensación alguno.
Las cifras hablan por sí solas. Un comisario retirado antes de 2021 con más de 30 años de servicio cobra hoy alrededor de 1.400.000 pesos mensuales. Un comisario que se retira actualmente, incluso con menos antigüedad, percibe cerca de 5.000.000 de pesos. La diferencia supera el 200%. Un suboficial mayor en igual situación cobra aproximadamente 1.200.000 pesos, contra los 3.500.000 pesos de quien egresa hoy en la misma categoría.
El resultado es que miles de ex policías formoseños, con décadas de servicio a cuestas, hoy deben salir a buscar un segundo trabajo para sostener su economía. Algunos manejan autos de aplicación. Otros trabajan en gastronomía o realizan changas. No es una elección: es una necesidad impuesta por un haber que no alcanza para vivir con la dignidad que, consideran, se ganaron durante años de servicio.
Reclamos sin respuesta
Los afectados no se quedaron en silencio. Varios presentaron reclamos formales ante el Departamento de Pensiones y Retiros de la Policía de Formosa, siguiendo el único canal que la Ley Orgánica Policial permite: la nota individual. La misma ley prohíbe expresamente los reclamos colectivos, lo que fragmenta y debilita cualquier intento de organización.
Los reclamos fueron presentados. Nunca fueron respondidos.
Lo que sí recibieron fue otra cosa: una propuesta para retirar una bolsa de mercadería mensual. Algunos la aceptaron. Muchos otros la rechazaron de plano, interpretándola como un intento de acallar el malestar sin resolver su causa.
La distribución de esas bolsas se canaliza a través de la Caja de Previsión Social, que las deriva al Departamento de Pensiones y Retiros. La entrega se realiza en dos puntos: en la sede del organismo y en el domicilio de un particular en el barrio Itatí, habilitado informalmente como punto de distribución.
Los retirados de la Policía esperan el reconocimiento de una suma que el propio Estado les hizo cobrar durante años en negro y que luego regularizó, pero solo para otros. Cumplieron la misma función, en muchos casos durante más tiempo que quienes hoy cobran el doble.
El malestar es creciente y, advierten varios de los afectados, tiene límites. Quienes se sienten ignorados por el gobierno provincial no descartan que esa bronca encuentre un cauce electoral. Por ahora, sin embargo, lo único concreto que recibieron como respuesta a años de reclamo es una bolsita de comida una vez al mes.
