Las elecciones municipales en Clorinda están previstas para el 13 de abril, con el cierre de presentación de candidatos ante el Tribunal Electoral Permanente el próximo 9 de marzo. La convocatoria obedece al fallecimiento del intendente reelecto Manuel Celauro el 10 de diciembre de 2023, antes de completar los dos primeros años de su mandato.
En este proceso, el juez de Cámara, Arturo Cabral, solicitó licencia sin goce de haberes para acogerse a la jubilación y, simultáneamente, lanzar su candidatura a intendente por el lema Frente de la Victoria del Partido Justicialista clorindense. El espacio que representa el senador José Mayans y mas cercano al corazon del gildismo.
La licencia fue concedida mediante la Resolución N. 109/25 del STJ, habilitándolo a realizar actividades proselitistas durante los 90 días previos a los comicios.
Cabral, quien formaba parte de la Cámara Segunda en lo Criminal en Formosa, tiene un historial político en la ciudad, habiendo sido concejal y secretario de Gobierno del exintendente Aníbal Negretti: médico y asesor del senador Mayans.
En diálogo con los medios del Gobierno, el ahora candidato manifestó que su postulación responde a un compromiso con la continuidad del proyecto político del PJ en Clorinda, tras la desaparición física de Celauro.
Sin embargo, su desprolija incursión en la contienda electoral no está exenta de polémica. La diputada provincial de la UCR, Agostina Villaggi, presentó una denuncia penal contra Cabral por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según Villaggi, el juez habría incurrido en una falta grave al realizar actividades políticas mientras aún era magistrado en funciones, conducta prohibida por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Además, de acuerdo con el Registro Nacional de Afiliados a Partidos Políticos, Cabral se encuentra afiliado a una fuerza política, lo que resultaría incompatible con su anterior desempeño como camarista. Si bien no se precisa la agrupación a la que pertenece, se asume que estaría vinculado al PJ gildista.
La denuncia argumenta que la participación política de Cabral afecta la imparcialidad del Poder Judicial y podría configurarse como una violación al artículo 172 de la Constitución Provincial y al artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que impiden a jueces y magistrados la militancia partidaria. La legisladora acompañó la presentación con capturas de redes sociales y declaraciones públicas del candidato en medios de comunicación.
Desde el PJ clorindense, en tanto, defendieron la postulación de Cabral y aseguraron que su situación es plenamente legal. Mediante un comunicado, destacaron que el STJ le otorgó la licencia correspondiente y que, al no percibir haberes ni ejercer funciones judiciales, está habilitado para competir en los comicios.