La crisis de CorAr Internacional S.A.E.C.A., firma con sede y proyectos inmobiliarios en Formosa, sumó un nuevo capítulo judicial en Paraguay. El fiscal Christian Benítez imputó al representante legal y al gerente general de la compañía por la presunta comisión reiterada de estafa.
Según la hipótesis de la Fiscalía, entre 2020 y 2026 los imputados habrían captado fondos mediante la venta de departamentos en pozo y la oferta de inversiones inmobiliarias con promesas de rentabilidad anual. Para atraer compradores, habrían afirmado que contaban con respaldo de la Bolsa de Valores y de la Comisión Nacional de Valores, además de capacidad financiera para ejecutar y entregar las obras.
La investigación sostiene que las construcciones comprometidas no se iniciaron y que la empresa no disponía de liquidez suficiente para cumplir sus obligaciones. También se investiga si el dinero recibido fue destinado a fines diferentes de los acordados con los inversores. La imputación se apoya en declaraciones de denunciantes, documentación incorporada a la causa y elementos obtenidos durante un allanamiento.
Hasta el momento, la Fiscalía individualizó 16 hechos y otras tantas víctimas, procedentes de Paraguay, Argentina, Uruguay y Alemania. El perjuicio calculado de manera preliminar asciende a USD 814.541 y 379.600.000 guaraníes. Esas cifras y la cantidad de afectados podrían variar a medida que avance la investigación.
Benítez encuadró provisionalmente los hechos como un caso especialmente grave de estafa. Solicitó seis meses para la etapa preparatoria y pidió que los imputados no puedan salir de Paraguay, deban comparecer periódicamente ante la Justicia y presenten una caución real. También requirió medidas sobre 34 inmuebles registrados a nombre de CorAr en ese país para preservar bienes ante un eventual resarcimiento. Los pedidos deben ser resueltos por el juzgado interviniente.
La noticia tiene especial repercusión en Formosa, donde CorAr comercializó proyectos de departamentos y mantuvo una presencia sostenida en el mercado inmobiliario. En agosto, Algo está pasando informó que la sociedad constituida en Paraguay había ingresado en convocatoria de acreedores, un procedimiento para ordenar sus deudas que no equivale a una declaración de quiebra.
Por ahora, la imputación comunicada por la Fiscalía paraguaya no establece que los proyectos de Formosa integren esta causa ni que todos sus compradores estén entre las 16 víctimas identificadas. Determinar el alcance local requiere conocer qué sociedad firmó cada contrato, quién recibió los pagos y a nombre de quién están registrados los inmuebles. La imputación abre una investigación penal; no constituye una condena.
