Formosa encabeza el ranking nacional de riesgo de inseguridad alimentaria severa, con un indicador estimado del 18,77%, casi el doble del promedio del país. La provincia ya ocupaba el primer lugar en 2010 y, doce años después, prácticamente no había logrado modificar esa situación.
En una entrevista con Algo está pasando, por VLU FM 88.5, el sociólogo e investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, Juan Ignacio Bonfiglio, explicó que estos resultados reflejan problemas sociales y económicos que persisten desde hace décadas.
“Es un nivel de privación muy, muy estructural”, afirmó al analizar la situación de Formosa. Explicó que la persistencia del riesgo alimentario está vinculada con la falta de empleo, los déficits educativos, las condiciones habitacionales y las dificultades para acceder a infraestructura básica.
Saltean comidas
Bonfiglio también explicó la gravedad del indicador que coloca a Formosa en el primer puesto nacional. Aclaró que no se trata simplemente de dificultades para mantener una dieta saludable, sino de situaciones de privación alimentaria mucho más profundas.
“Las personas y los hogares saltean comidas, reducen la cantidad de alimentos o, en algunos casos, también experimentan situaciones de hambre por no obtener dinero suficiente para comprar alimentos”, describió.
El especialista señaló que el problema es especialmente preocupante en las zonas rurales, donde el riesgo alimentario resulta mayor y donde provincias como Formosa presentan una importante proporción de su población.
El mismo problema
El informe de la UCA, elaborado con información de los censos de 2010 y 2022, revela que Formosa pasó del 18,99% al 18,77% de riesgo alimentario severo estimado. Una reducción de apenas 0,22 puntos porcentuales durante ese período, íntegramente bajo la gestión de Gildo Insfrán.
Bonfiglio explicó que estas cifras representan probabilidades estimadas y no una medición directa de los hogares que padecieron hambre.
Su principal advertencia apunta a la persistencia de las causas estructurales de la pobreza: sin mejoras sostenidas en empleo, educación e integración económica, la asistencia estatal puede aliviar las necesidades inmediatas, pero no alcanza por sí sola para cambiar esa realidad.
Asistencia estatal
Consultado sobre los programas de asistencia que sostiene el Gobierno provincial, Bonfiglio reconoció que las transferencias económicas mejoran las condiciones de quienes las reciben, pero advirtió sobre sus limitaciones.
“Las transferencias tienen un impacto positivo. Lo que no modifican son estas condiciones estructurales”, sostuvo.
El investigador planteó que el desafío consiste en determinar si las ayudas funcionan únicamente como mecanismos de compensación o si forman parte de políticas que permitan a las familias superar sus condiciones de vulnerabilidad.
En ese sentido, remarcó que “la integración económica y el desarrollo económico son factores fundamentales” para generar cambios sostenidos.
