La Municipalidad de Las Lomitas apuntó contra el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y el Poder Judicial de Formosa al denunciar que ambos organismos ejecutan obras públicas dentro de la ciudad sin cumplir con las exigencias municipales vinculadas a habilitaciones, presentación de planos y pago de tasas de derecho de construcción.
El intendente Pablo Basualdo sostuvo en Algo está pasando que el municipio tiene la responsabilidad legal de controlar todas las construcciones que se desarrollan dentro de la jurisdicción comunal, especialmente aquellas que luego serán utilizadas de manera cotidiana por los vecinos.
“El control municipal no es un capricho ni una cuestión burocrática. Es una obligación legal destinada a proteger a la comunidad, garantizar la seguridad de las construcciones, verificar la calidad de las obras y asegurar que se respeten las normas urbanísticas y técnicas vigentes”, expresaron desde el entorno del jefe comunal.
Las críticas más severas estuvieron dirigidas al titular del IPV, Marcelo Ugelli, a quien desde la comuna responsabilizan por intentar desconocer las facultades de control municipal y por mantener una conducta “evasiva” frente a las obligaciones tributarias locales.
“Es inadmisible que el organismo encargado de construir viviendas para la gente pretenda actuar como si estuviera por encima de la ley. Mientras cualquier vecino debe pagar sus tasas, presentar planos y cumplir cada requisito municipal, el IPV intenta evitar controles, eludir pagos y desentenderse de obligaciones básicas que financian servicios esenciales para toda la comunidad”, señalaron desde el Ejecutivo municipal.
Desde la Municipalidad remarcaron además que la situación no solo afecta los recursos económicos de la comuna, sino que también representa “un grave antecedente institucional” al poner en discusión la autonomía municipal y la capacidad de controlar las obras que impactan directamente sobre la vida cotidiana de los lomitenses.
“Cuando una obra se construye dentro de la ciudad, la responsabilidad del control recae sobre el municipio. Y mucho más cuando esas viviendas, edificios o instalaciones van a ser utilizadas por familias lomitenses. No vamos a permitir que ningún funcionario provincial venga a imponer obras sin controles ni autorizaciones como si Las Lomitas fuera tierra de nadie”, advirtieron.
En ese marco, también cuestionaron que tanto el IPV como otros organismos provinciales intenten trasladar responsabilidades a las empresas constructoras para evitar responder institucionalmente por las irregularidades detectadas.
La comuna ratificó que continuará con todas las actuaciones administrativas y judiciales necesarias hasta lograr la regularización total de las obras y el cobro de las tasas adeudadas.
En el caso puntual del Poder Judicial, el municipio informó que ya otorgó un último plazo para que se cumpla con la presentación de planos, habilitaciones y pago de la deuda correspondiente, bajo apercibimiento de iniciar un juicio de apremio y solicitar embargos sobre partidas presupuestarias.
Finalmente, desde la Asesoría Letrada municipal adelantaron que el mismo criterio será aplicado a todas las obras ejecutadas por organismos provinciales dentro de Las Lomitas y a cualquier ente estatal que pretenda avanzar sin cumplir con las normas locales vigentes.
