La Convención Constituyente de Formosa aprobó por amplia mayoría una reforma que introduce límites constitucionales inéditos a las intervenciones federales. El nuevo artículo 32 fue votado por el bloque justicialista y Nuevo País, obteniendo los dos tercios necesarios para su sanción.
La reforma establece que las intervenciones federales deben “circunscribirse única y exclusivamente a remediar las causas que las originaron” y garantizar los derechos expresados en la Constitución provincial. Además, dispone que todos los gastos de la intervención -incluyendo sueldos del interventor, ministros y funcionarios designados- no serán abonados por el gobierno provincial.
El convencional justicialista Rodrigo Vera defendió la iniciativa argumentando que “es una cuestión de la defensa de los bienes, los intereses y los derechos de la provincia” y que las protecciones están pensadas más allá de diferencias partidarias. “Imaginando si dentro de 20 años o dentro de 30 años hay un partido diferente al nuestro gobernando la provincia y va a recibir una intervención federal, yo quiero que Formosa tenga estas protecciones“, sostuvo.
La norma también establece un régimen de responsabilidades: tanto el interventor federal como los funcionarios por él designados serán responsables “civil, política, administrativa y penalmente” por los daños que causaren, mientras que el Gobierno Federal deberá responder por los perjuicios que la intervención ocasione “por acción o por omisión a los intereses, derechos y bienes de la provincia“.
La discusión en la Convención evidenció las profundas diferencias políticas que atraviesan a Formosa. El convencional Fabián Firmán (LTP), representante de la oposición, propuso una redacción alternativa que consideraba “una alteración grave de la forma republicana de gobierno y causa suficiente para la intervención” a “la habilitación de la reelección indefinida para el cargo de gobernador”, argumentando que “los excesos por parte de los gobernadores deben tener límites” y que la intervención es “el último recurso para garantizar la forma republicana”.
Esta propuesta fue rechazada categóricamente por el bloque justicialista. Vera respondió con dureza, sugiriendo que el convencional Firman “recibió una esquelita por teléfono que decía: la propuesta de nuestro bloque, este representante del gobierno nacional es que si [Gildo] Insfrán nos vuelve a ganar por más de 50% de las elecciones tenemos que intervenir en la provincia“.
El legislador justicialista calificó las propuestas opositoras como “burradas” y cuestionó: “estamos en una convención constituyente, viejo. Mínimamente una lectura, algún asesor que entienda de estas cosas“.
Por su parte, el bloque de la Unión Cívica Radical se opuso frontalmente a la reforma. La convencional Lucila Aguayo argumentó de manera escueta que “la provincia se arroga atribuciones que no le corresponde y sería abiertamente inconstitucional“, sosteniendo que “no se puede legislar donde no tiene competencia”.
Sin embargo, el convencional Esteban Servín defendió la propuesta justicialista señalando que quienes critican la medida “parece que o no leyeron o no entendieron” el verdadero alcance de la reforma. “Se está hablando de garantizar” la protección provincial, explicó, y sugirió que la oposición “piensa que nunca van a ganar” cuando en realidad la norma “está protegiendo a su propio espacio o a cualquier espacio” político que pueda gobernar en el futuro.
Vera defendió enfáticamente la constitucionalidad de la medida, explicando que existe una diferencia fundamental entre regular “cuándo” ocurre una intervención federal (competencia exclusiva del Estado nacional) y establecer límites sobre “qué hace la intervención dentro del territorio provincial”, área donde las provincias sí tienen facultades.
“La forma o los requisitos o las condiciones que requieren una intervención federal no pueden ser regulados por ninguna provincia”, reconoció Vera, “pero una vez que ocurre la intervención, las provincias tienen facultad, es más, le diría, tienen la obligación moral, ética, política de defender a su provincia y a sus ciudadanos y a los bienes de los ciudadanos“.
El convencional justicialista citó como antecedente el caso de Corrientes, donde según su versión un interventor “revienta el erario público” y “el pato después lo paga el pueblo”.
Vera también refutó los argumentos de la UCR sobre la falta de competencia provincial: “decir que estas protecciones están fuera de la jurisdicción provincial no es así y no es lo que habíamos hablado tampoco hoy en la mañana“. El legislador lamentó que estos argumentos no se hubieran discutido en las comisiones matutinas, donde “hubiera sido interesante poder discutir estos argumentos hoy más temprano”.
La reforma incluye una cláusula particularmente restrictiva: “En ningún caso el interventor federal puede contraer empréstitos que graven el patrimonio de la provincia“. Esta disposición busca evitar que una eventual intervención comprometa las finanzas provinciales con deuda pública.
La medida se enmarca en la estrategia del “gildismo” de blindar constitucionalmente su modelo de gobierno ante la presión del poder central. Insfrán, que gobierna la provincia desde 1995, ha convertido a Formosa en uno de los bastiones más sólidos del peronismo federal y mantiene una relación tensa con el gobierno nacional.
