La liberación del menor Joaquín Torres —ocurrida el viernes pasado tras semanas de detención en el Centro de Admisión Juvenil— generó alivio en su entorno inmediato, pero no cerró ninguna de las preguntas que pesan sobre la causa judicial por la muerte de Xiomara Luciana Portillo, la adolescente de 16 años cuyo cuerpo fue hallado el 26 de noviembre en un predio descampado cercano al barrio Procrear, en Formosa capital.
El abogado Javier Vargas, defensor de Torres y de Carlos Aguilar —el mayor de edad también imputado en la causa—, explicó que la demora en concretar la liberación obedeció a una discusión de competencia entre el juzgado de menores a cargo de la jueza de Menores, Silvana Jarzynski y el juzgado de instrucción de Marcelo López Picabea.
“Hubo un problema aparentemente de comunicación“, reconoció Vargas en la VLU FM 88.5, y detalló que finalmente el juez de la causa resolvió la situación invocando el artículo 80, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que concentra la decisión en el magistrado a cargo cuando existe un adulto co-imputado.
Vargas fue enfático en que la libertad no implica inocencia probada, pero sí una victoria procesal parcial para sus clientes. “Ellos siguen procesados, nosotros creemos que no hay argumentos para el procesamiento y entendemos que correspondía una falta de mérito. Por eso apelamos el lunes pasado”, señaló. La apelación ya fue presentada ante la Cámara, que deberá resolver si confirma los procesamientos, los revoca o, como pide la fiscalía en sentido contrario, si ordena el retorno a la prisión preventiva.
Un dato de peso emergió de las palabras del propio defensor: el informe de ADN incorporado al expediente tras los procesamientos detectó material genético de dos varones adultos que no se corresponden ni con Carlos Aguilar ni con Joaquín Torres. “Se señala que aparecen ADN de dos masculinos, pero dos masculinos distintos, que no serían ni Aguilar ni Torres“, precisó Vargas, subrayando que este resultado refuerza la posición de la defensa y abre la puerta a otras líneas de investigación.
Desde el otro extremo de la causa, el querellante Mario Daniel Ojer —quien representa a la familia de Xiomara— confirmó que su línea de trabajo nunca se concentró exclusivamente en los dos imputados liberados. “Yo siempre fui reiterativo en que no me centré en Aguilar y Torres. Sigo otra línea en la cual no descartamos nada“, sostuvo.
El letrado reveló en VLU FM 88.5 que las geolocalizaciones analizadas están “abriendo otras puertas” y que tanto la fiscalía como la defensa compartían sospechas sobre una tercera persona desde el inicio de la investigación, aunque se reservó la identidad por razones procesales.
Ojer también detalló el volumen del expediente —entre 2.200 y 2.400 fojas— y adelantó que para este martes estaba programada una testimonial a pedido de la defensa, convocada en relación con declaraciones previas de uno de los imputados.
Además, informó que se está aguardando el análisis de una sábana con rastros rojizos secuestrada en el domicilio de Torres, así como el resultado del peritaje de cabellos hallados en un vehículo que no pertenece a Aguilar. “La prueba de ADN sobre esos cabellos, cuando llegue, nos va a permitir pedir otras medidas“, anticipó.
El querellante fue explícito al describir la metodología: cada solicitud de ADN o de geolocalización requiere una base indiciaria que el juez debe evaluar como “conducente” antes de autorizarla. “No podés pedir el ADN de cualquiera porque se te ocurre. Tiene que haber cierta probabilidad de que haya tenido participación“, explicó Ojer, y aclaró que algunas de sus peticiones fueron rechazadas por el magistrado mientras otras fueron admitidas, al igual que ocurrió con la fiscalía. El equilibrio de fuerzas dentro del expediente, dijo, es el propio de una instrucción activa y en pleno desarrollo.
Ojer también salió al cruce de quienes interpretan la liberación de Torres y Aguilar como un fracaso del proceso. “Nadie salió a decir quién fue. Siempre se dijo que el juez era malo, y al final podés estar seguro de que no lo vas a presionar con nada“, afirmó. Y agregó que la labor de los abogados intervinientes no debe confundirse con acciones de terceros ajenos al expediente: “La labor de los colegas por ahí se vio ensuciada por participación de terceros que no tuvieron nada que ver en la resolución del juez. Absolutamente nada.”
La causa judicial por el femicidio de Xiomara Portillo entra así en una nueva etapa: los únicos dos imputados están en libertad pero sin desvinculación, la Cámara tiene en sus manos la decisión sobre los procesamientos, y la investigación avanza sobre indicios que apuntan a personas que, por ahora, permanecen fuera del foco público.
