El comercio ilícito ya representa el equivalente al 5% del Producto Bruto Interno (PBI) en Argentina y genera una pérdida fiscal estimada en USD 2.300 millones al año, según un relevamiento elaborado por la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI).
El estudio comparó la situación de seis países de la región —Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú— y, en el caso argentino, identificó a Formosa como una de las provincias fronterizas consideradas “sensibles” para el ingreso de mercadería de contrabando, junto a Misiones y Salta.
El informe atribuyó la expansión del comercio ilícito a una combinación de factores: la elevada penetración del comercio electrónico, la existencia de fronteras vulnerables y la creciente presencia de productos falsificados en distintos canales de venta. Según el relevamiento, el fenómeno ya no se limita a las ferias informales o al comercio callejero, sino que ganó terreno en plataformas digitales, redes sociales y aplicaciones de mensajería, lo que amplió el alcance de los productos irregulares a consumidores de distintas provincias.
El estudio precisó que el contrabando es una de las principales vías de ingreso de mercadería ilegal al país, aunque aclaró que el concepto de comercio ilícito es más amplio y también incluye la falsificación de marcas, la piratería y otras prácticas que vulneran la propiedad intelectual.
Entre los sectores más afectados a nivel nacional, el relevamiento ubicó en primer lugar a los teléfonos celulares, con una incidencia del 31% del mercado. Le siguen los cigarrillos (17%), en su mayoría ingresados desde países vecinos sin controles aduaneros ni cargas tributarias; los productos textiles (16%), afectados tanto por ingreso irregular como por falsificación de marcas; y la cerveza (12%).
A partir de estos datos, el informe formuló recomendaciones puntuales para la Argentina. Entre ellas, propuso fortalecer acuerdos con plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre, para agilizar el retiro de publicaciones con productos falsificados, y reforzar la capacitación de distribuidores oficiales en provincias fronterizas, con mención explícita de Formosa, Misiones y Salta como puntos prioritarios para el control del ingreso de mercadería de contrabando.
