Una nueva denuncia por presunto daño ambiental volvió a poner en el centr la escena el tratamiento de residuos biopatogénicos en Formosa. El concejal Mattia Canepa y la ex diputada provincial Gabriela Neme difundieron imágenes que evidenciarían la acumulación de bolsas rojas —utilizadas para desechos sanitarios peligrosos— a cielo abierto y sin tratamiento adecuado en un predio del barrio San Antonio.
Las imágenes difundidas muestran bolsas con desechos hospitalarios acumuladas en un predio que pertenecería a la empresa Recolectora del Norte S.R.L., ubicada en el lote 66 del barrio San Antonio. Esta firma es la única autorizada en la provincia para la recolección, tratamiento y disposición final de residuos biopatogénicos.
Según expresó Neme la situación “no es nueva” y se mantiene sin cambios pese a advertencias previas. “Residuos patogénicos al aire libre, sin ningún tipo de tratamiento, contaminando el suelo, las napas y la salud pública”, denunció.
La ex legisladora apuntó contra distintos estamentos del Estado: “El defensor del pueblo, los jueces y fiscales miran para otro lado mientras el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y con la complicidad del municipio, cobra por un servicio que no brindan”. El responsable directo del control es el Director de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis de la provincia, José Francisco González.
El caso reabre interrogantes sobre el sistema implementado en la provincia y el cumplimiento de las normativas vigentes. Los residuos biopatogénicos, definidos por la Ley provincial 1210, incluyen todo material con potencial infeccioso generado en actividades médicas, de diagnóstico o investigación, como agujas, tejidos orgánicos, sangre y cultivos de agentes infecciosos. Su manipulación indebida puede generar riesgos sanitarios y ambientales de alto impacto.
Hospitales públicos, clínicas, sanatorios, consultorios odontológicos, clínicas veterinarias, y hasta la disposición final de los medicamentos vencidos de las farmacias deben firmar contrato con Recolectora del Norte, la única autorizada por el Gobierno provincial.
En este contexto, también resurge un antecedente clave: en 2005, el Gobierno provincial había anunciado la construcción de una planta de tratamiento específica en las afueras de la ciudad, precisamente en un sector contiguo al barrio San Antonio. El proyecto contemplaba centralizar el tratamiento de estos residuos y evitar su traslado a otras provincias, además de reducir costos y minimizar riesgos sanitarios.
Incluso se había informado sobre la adquisición de equipamiento de última tecnología y la implementación de sistemas como autoclaves —que utilizan temperatura y presión para esterilizar residuos— junto con la creación de un vaciadero especial para la disposición final segura.
Sin embargo, a más de dos décadas de aquel anuncio, las denuncias actuales ponen en duda el funcionamiento efectivo de ese sistema o su capacidad de respuesta. En la actualidad, según información oficial previa, el tratamiento se realiza mediante equipos móviles de esterilización, lo que también genera cuestionamientos sobre su alcance y control.
