La Universidad Nacional de Formosa (UNaF) atraviesa un conflicto institucional que ya llegó a la Justicia. Tres decanos —Carlos Martínez, de la Facultad de Recursos Naturales; María Rosa Sanabria, de la Facultad de Economía y Negocios; y Rafael Olmedo, de la Facultad de Humanidades— fueron denunciados por presuntas irregularidades vinculadas con la presentación de documentación apócrifa, según consta en la denuncia presentada.
De acuerdo con esa presentación, los tres funcionarios no cumplirían con el requisito de cinco años ininterrumpidos de antigüedad en el cargo, exigido por el artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y por la Ley de Educación Superior 24.521. La denuncia sostiene que esta situación comprometería la legalidad de sus actos electivos, al no tratarse de docentes concursados.
Un nuevo planteo ante la Justicia
Según la denuncia, los decanos cuestionados no habrían intentado acreditar el cumplimiento del artículo 73 del CCT. En cambio, solicitaron ante la Justicia la incorporación de una representante de la comunidad al Honorable Consejo Superior de la UNaF: Mirian Jara, abogada, esposa del agente no docente Alfredo Sena. Según la denuncia, ambos integran el entorno cercano de Rafael Olmedo.
Hasta el momento, Jara no acreditó el proceso electoral mediante el cual habría sido elegida representante. El reglamento universitario establece que esa elección debe realizarse entre asociaciones legalmente constituidas que mantengan convenios vigentes con la universidad.
Pese a ello, el juez Pablo Fernando Morán, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Formosa, ordenó mediante una medida autosatisfactiva la incorporación de Jara al Honorable Consejo Superior. Este tipo de medidas judiciales está previsto para casos excepcionales, cuando se requiere una acción urgente para proteger un derecho o evitar un perjuicio grave.
La designación de los tres decanos y la posterior incorporación de Jara al Consejo Superior generaron cuestionamientos dentro de la comunidad universitaria, que reclama una revisión del cumplimiento de los requisitos legales exigidos para ocupar esos cargos.
