El Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Belén López Mace, de Formosa condenó a Carlos Chagra a tres años de prisión en suspenso por la caza de un yaguareté, ocurrida en diciembre de 2022 en inmediaciones de Clorinda. Se trata de la máxima pena prevista para el delito por el que fue acusado.
La sentencia se alcanzó mediante un juicio abreviado acordado entre la Fiscalía, la defensa, la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Red Yaguareté. Además de la pena de prisión, se estableció la aplicación de una multa, cuyo monto deberá determinarse.
El caso se inició a partir de un hecho ocurrido el 19 de diciembre de 2022, cuando el ahora condenado publicó en sus redes sociales un video en el que exhibía la persecución y posterior caza de un ejemplar macho de yaguareté junto a otras personas.
Chagra fue condenado por caza prohibida de animales silvestres agravada por la participación de tres o más personas, contemplada en el artículo 25 de la Ley 22.421. Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 7 de septiembre.
Natalia Cardozo, representante legal de Parques Nacionales, confirmó en Radio Nacional que el acusado reconoció los hechos como parte del acuerdo. “Es una pena de tres años de prisión en suspenso”, señaló y destacó que alcanzar esta instancia implica que “el autor del hecho reconoce haber cometido el delito y los hechos”.
La abogada remarcó además las dificultades que suelen presentar este tipo de investigaciones. “Celebramos el fallo en este tema, relacionado con la cacería, y que per se es de difícil prueba. Todo el departamento judicial de Clorinda estuvo a la altura”, afirmó.
La resolución constituye otro precedente judicial por la muerte de yaguaretés en Formosa. Anteriormente, el Juzgado Federal Nº 1 había condenado a cuatro cazadores por la muerte de otro ejemplar. En aquel expediente, tres recibieron penas de dos años de prisión de cumplimiento efectivo bajo la modalidad domiciliaria.
El yaguareté se encuentra en peligro crítico de extinción en la Argentina. Entre sus principales amenazas aparecen la destrucción y degradación de su hábitat, la caza furtiva y la reducción de sus presas naturales. Desde 2001 está declarado Monumento Natural Nacional, la máxima categoría de protección que el país puede otorgar a una especie.
Desde Parques Nacionales consideraron que la nueva condena constituye un precedente relevante para la conservación de la especie y un mensaje contra la caza furtiva, especialmente en una región donde sobreviven pocos ejemplares y cada pérdida tiene un fuerte impacto sobre la población.
