Mientras intensas lluvias afectaron a miles de formoseños y mantienen incomunicadas a poblaciones de distintos puntos de la provincia, los intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento gildistas decidieron volcar su energía en otro frente: frenar políticamente al senador nacional Francisco Paoltroni.
El legislador libertario presentó ante el Senado de la Nación un proyecto, hasta ahora con solo su firma, solicitando la intervención federal de la provincia, lo que desencadenó una respuesta colectiva y coordinada desde Casa de Gobierno de los jefes comunales del oficialismo provincial.
El documento, titulado “La soberanía popular no se abandona” y emitido este sábado 25 de abril, expresa “enérgico rechazo y absoluto repudio” a la iniciativa parlamentaria.
En el texto, los firmantes defienden la legitimidad del gobierno de Gildo Insfrán —quien conduce la provincia desde 1995— argumentando que “surge del voto popular y no puede ser puesta en duda por sectores que buscan instalar una mirada distorsionada de nuestra realidad”. Asimismo, reafirman su compromiso con el denominado “Modelo Formoseño”, basado, según el documento, “en la inclusión, la justicia social y un Estado presente”. Justamente lo contrario a lo que reclaman miles de formoseños: un estado que no llega.
El comunicado lleva la firma de cada uno de los intendentes gildistas de la provincia y concluye con el compromiso de trabajar “en unidad con el Gobierno provincial para garantizar el bienestar de cada formoseño y formoseña”.
Sin embargo, el panorama en el territorio cuenta otra historia. La propia ministra Giménez reconoció que las lluvias generaron una situación “compleja” en toda la provincia. En la zona de El Cogoik, pobladores permanecen aislados desde hace más de dos semanas tras el corte de un puente, lo que impide el ingreso de asistencia y compromete el abastecimiento básico. En Boedo, la falta de caminos transitables mantiene a la población incomunicada.
A esto se suman conflictos sociales en otras localidades: en Fontana continúan los cortes protagonizados por comunidades originarias, mientras que en Ibarreta vecinos reclaman compensaciones por las pérdidas sufridas. En estos casos, las denuncias no solo apuntan al impacto del clima, sino también a la falta de mantenimiento e infraestructura, factores que habrían agravado los daños.
La coincidencia entre la crisis climática y la embestida política contra Paoltroni plantea una pregunta que circula entre distintos sectores de la provincia: ¿es este el momento para que los funcionarios locales prioricen la disputa institucional, mientras comunidades enteras permanecen aisladas y sin respuestas concretas?
