La discusión por la transparencia en la adjudicación de viviendas sociales sumó un nuevo capítulo en el Concejo Deliberante, tras el pedido de informes impulsado por la concejal de La Libertad Avanza, Macarena Romero, que apunta directamente contra su par oficialista María del Carmen “Petu” Argañaraz y su vínculo con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
El planteo pone el foco en lo que la edil opositora define como una “confusión de roles”, al advertir que Argañaraz es esposa del actual administrador del organismo, Marcelo Ugelli, situación que —según sostiene— podría derivar en un conflicto de intereses.
En el proyecto presentado, Romero solicita precisiones sobre los criterios de adjudicación de viviendas y cuestiona posibles irregularidades. “Resulta necesario esclarecer si existe algún tipo de injerencia o beneficio indebido en los procesos de entrega de viviendas”, señala el texto, al tiempo que reclama garantizar “la transparencia y equidad en el acceso a políticas públicas sensibles”.
Uno de los ejes más sensibles del pedido es la presunta discrecionalidad en la asignación de viviendas, un tema recurrente en el debate público provincial. “Se advierten indicios que podrían dar cuenta de prácticas discrecionales en la entrega de unidades habitacionales”, advierte el proyecto, que también pide informes detallados sobre listados de beneficiarios y mecanismos de selección.
El proyecto surge en un contexto de creciente malestar social. Según se detalla en la presentación, numerosas familias aseguran llevar más de 20 años esperando una vivienda, mientras observan cómo unidades terminadas —especialmente en el barrio Nueva Formosa— permanecen sin adjudicar o, en otros casos, serían entregadas mediante mecanismos cuestionados.
La situación alcanzó un punto crítico el pasado 9 de febrero, cuando reclamos por soluciones habitacionales derivaron en incidentes con las fuerzas de seguridad. Este escenario, advierte la iniciativa, refleja la urgencia de esclarecer los criterios utilizados para la asignación de viviendas y evitar una mayor conflictividad social.
Uno de los puntos más sensibles del documento es la denuncia de un presunto esquema de favoritismo político. En ese sentido, se menciona que personas vinculadas a sectores políticos habrían accedido a viviendas por fuera de los mecanismos formales, como los sorteos públicos establecidos por normativa.
Además, la iniciativa cuestiona el uso de obras del IPV en el marco de actividades políticas. “Se requiere información sobre la posible utilización de obras públicas con fines de propaganda electoral”, sostiene el documento, lo que abre un nuevo frente de controversia en torno al manejo de recursos estatales.
El pedido de informes deberá ser tratado en comisión, donde se definirá si avanza y qué tipo de respuestas deberá brindar el Ejecutivo. Mientras tanto, el proyecto vuelve a poner en escena la relación entre política y gestión de recursos públicos, en un contexto donde la demanda habitacional sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales.
