Despues de 2 años sin aprobación legislativa, el gobernador Gildo Insfrán convocó a la Cámara de Diputados a sesión extraordinaria para este lunes 29 de diciembre con una triple agenda: aprobar el presupuesto provincial 2026 por $3.098.923.974.841 (3,09 billones de pesos) y extender el estado de emergencia económica hasta el 31 de diciembre de 2027, y otorgar facultades para modificar tasas de interés e impuestos a la Administración Tributaria Provincial (ATP).
El proyecto de ley de emergencia, elevado mediante Mensaje 04/2025, prorroga 17 leyes provinciales (desde la N° 1.296 hasta la N° 1.730) y sus normas reglamentarias, argumentando la necesidad de contar con “instrumentos indispensables” frente a la recesión nacional, la paralización de la obra pública y el incumplimiento de transferencias automáticas por parte del Estado Nacional.
El proyecto contempla recursos totales por $3.125.126.199.000 y gastos autorizados por $3.098.923.974.841, proyectando un superávit de $26.202.224.159 que consolida la política de equilibrio fiscal provincial.
Los ingresos se sustentan principalmente en recursos tributarios ($2.723.085.801.989), que incluyen coparticipación federal e impuestos provinciales como Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos. Las contribuciones a la seguridad social aportarán otros $363.069.237.842.
Educación, en el tope del gasto
El Ministerio de Cultura y Educación concentra la mayor asignación individual con $511.406.604.040, representando el 16,5% del total. Le siguen en importancia el Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos con $292.832.268.907, la Policía Provincial con $252.762.075.424, y el Ministerio de Desarrollo Humano (Salud) con $240.574.680.359.
El Poder Ejecutivo absorbe $2.972.024.318.491 (95,9% del presupuesto total), mientras que el Poder Judicial dispondrá de $92.376.059.885 y el Legislativo de $34.523.596.465.
Sueldos: 40% del gasto total
El gasto en personal constituye el principal componente presupuestario con $1.250.567.204.508, equivalente al 40,4% del total. El proyecto autoriza 39.326 cargos distribuidos entre los tres poderes: 33.218 en el Ejecutivo (más 86.975 horas cátedra para docentes), 4.241 en el Judicial y 1.867 en el Legislativo.
Las transferencias corrientes suman $515.677.564.729, destinadas principalmente al sector privado, instituciones educativas y municipios. Los bienes y servicios de consumo representan más de $388.000 millones adicionales.
La Caja de Previsión Social representa el segundo gasto más importante con $455.059.520.126, dentro del bloque de instituciones de seguridad social que totalizan $500.343.173.934. Esta partida garantiza el pago de jubilaciones y pensiones del régimen provincial.
Entre los organismos descentralizados destacan la Dirección Provincial de Vialidad ($62.929.844.669), el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento SPAP ($62.506.131.544) y el Instituto Provincial de la Vivienda ($50.810.686.390).
Los gastos de capital alcanzan $450.515.668.004, con $418.020.459.399 destinados a inversión real directa en infraestructura y obras públicas. Las transferencias de capital hacia municipios y otros organismos suman $31.121.351.597.
Por finalidad, los Servicios Sociales (salud, educación y seguridad social) concentran $1.964.606.482.089, absorbiendo el 63,4% del gasto total y evidenciando la orientación social del presupuesto formoseño.
Emergencia económica: las razones del oficialismo
El mensaje del Ejecutivo al solicitar la prórroga de la emergencia hasta 2027 señala que “el accionar estadual de nuestra provincia no puede analizarse descontextualizándolo del escenario nacional”, citando la recesión económica, la paralización de la obra pública, el reajuste de subsidios y tarifas, y especialmente “el incumplimiento, la mora y/o detracción por parte del Estado Nacional de las transferencias automáticas”.
El texto oficial advierte sobre “el fuerte endeudamiento, la caída de la actividad económica, la contracción del consumo y la consecuente disminución de la recaudación en términos reales” a nivel nacional, con “negativa repercusión en las finanzas públicas de todas las provincias y municipios”.
La emergencia otorga al Ejecutivo herramientas para “adoptar medidas que apuntalen la sostenibilidad incremental de la demanda, la inversión y el empleo“, garantizando según el texto oficial el cumplimiento de obligaciones salariales provinciales y municipales, y el funcionamiento de servicios esenciales como salud, educación, seguridad, sistema energético y provisión de agua potable.
La sesión extraordinaria convocada cuenta con el respaldo de la amplia mayoría justicialista que renovó su mandato en las elecciones de junio pasado, cuando el oficialismo obtuvo cerca del 70% de los votos y 22 de las 30 bancas en la Cámara de Diputados. Una aprobación exprés y asegurada.
