La relación entre recursos y resultados en la Legislatura provincial alcanzó en 2025 niveles que desafían cualquier lógica de eficiencia: cada una de las cuatro leyes sancionadas durante el año costó $5.300 millones, mientras que cada uno de los 30 diputados que integran el cuerpo cuenta con 60 empleados.
El presupuesto reconducido de $21.202.878.868 sostiene una planta de 522 empleados permanentes y 1280 temporales, totalizando 1802 personas para un recinto de apenas 30 bancas. Esta proporción de 60 empleados por legislador ubica a Formosa entre las estructuras parlamentarias más costosas y abultadas del país en relación a su tamaño y población provincial.
Durante 2025, la Legislatura que preside el vicegobernador Eber Solís realizó solo 14 sesiones de las 35 programadas en el calendario anual, un 40% de lo previsto.
En ese reducido tiempo de actividad se aprobaron únicamente cuatro leyes:
- N°1744 que da de baja la pensión de María Azucena Pereira;
- N°1743 que modifica la Ley N°1741;
- N°1742 sobre políticas de mitigación y adaptación al cambio climático;
- N°1741 que crea la Reserva de Usos Múltiples en el Departamento Matacos con 96.650 hectáreas destinadas a preservar la biodiversidad.
El cálculo es sencillo pero elocuente: dividiendo los más de $21.000 millones del presupuesto entre las cuatro leyes sancionadas, cada norma representó un costo de $5.300 millones. Si se mide por sesión realizada, cada jornada legislativa insumió $1.514 millones del erario público.
La versión oficial atribuye la baja actividad a la Convención Constituyente, que demandó personal del cuerpo legislativo. No obstante, desde el inicio se estableció que las sesiones constituyentes funcionarían solo tres días por semana para no entorpecer las sesiones ordinarias. La previsión resultó inútil: el recinto quedó prácticamente paralizado. Los dos procesos electorales del año -provinciales y nacionales- terminaron de frenar una agenda que nunca arrancó con ritmo.
Entre las decisiones legislativas también aparecen la Resolución N°3409 nombró a la doctora Paola Lorena Gómez como Jueza Civil, Comercial, del Trabajo y de Menores en El Colorado, demostrando que cuando existe decisión política, los engranajes institucionales operan sin inconvenientes. Y la juez de Menores de Clorinda.
La composición política del cuerpo explica gran parte de esta dinámica. De los 30 diputados, 20 responden al gobernador Gildo Insfrán y conforman el bloque oficialista, mientras que los 10 restantes integran distintos espacios opositores fragmentados. Esta aplastante mayoría permite al “gildismo” no solo garantizar el quorum sino determinar unilateralmente qué se trata y qué no en el recinto.
Entre las ausencias más notorias del año legislativo figura el presupuesto 2026, que nunca llegó a tratarse. Esta omisión obliga nuevamente a trabajar con presupuesto reconducido, una práctica recurrente en Formosa que limita la planificación, dificulta la transparencia y perpetúa la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos.
La Legislatura formoseña consume aproximadamente el 0,86% del presupuesto provincial total, duplicando el porcentaje que destinan otras provincias como Córdoba a su poder legislativo. Pero el dato más contundente surge de la relación costo-producción: más de $21.000 millones y 1802 empleados para generar cuatro leyes en un año representa uno de los índices de eficiencia más bajos del país.
El año 2026 se presenta con una agenda vacía y el presupuesto sin aprobar. En un contexto nacional donde el debate sobre el tamaño del Estado y la eficiencia del gasto público ocupa el centro de la escena, los números de la Legislatura de Formosa ofrecen un caso de estudio sobre desproporción entre recursos y resultados.
Con 60 empleados por cada diputado y un costo de $5.300 millones por cada ley sancionada, la pregunta sobre qué justifica semejante estructura sigue resonando sin respuesta en el recinto de la capital provincial.
