El Concejo Deliberante aprobó este miércoles en sesión ordinaria una serie de modificaciones a la Ordenanza N° 7147/2017, que incluyen cambios en cinco ejes: ampliación del Régimen Simplificado Municipal, mejora de plazos de defensa de contribuyentes, incorporación de un nomenclador de actividades, fortalecimiento de la fiscalización y reducción de alícuotas para turismo y gastronomía. Tal como lo adelantó Algo está pasando.
Según la Administración de Ingresos Municipales (AIM), el Régimen Simplificado Municipal permitirá que contribuyentes con facturación menor a $1.100.000 mensuales queden eximidos de presentar declaraciones juradas, eliminando la necesidad de contratar asesoramiento profesional. El pago podrá realizarse mediante una credencial disponible en el portal web de la AIM.
La ordenanza también extiende los plazos para interponer recursos de reconsideración y jerárquico, y crea un Nomenclador de Actividades que establece con precisión las alícuotas y mínimos correspondientes a cada rubro. Entre los beneficiados con rebajas se encuentran hoteles, restaurantes, agencias de viajes, locales de espectáculos, alquiler de vehículos turísticos y salas de cine.
El proyecto, presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, fue defendido por el oficialismo como una medida de alivio fiscal orientada principalmente a la actividad gastronómica, hotelera y turística. Sin embargo, la sesión se convirtió en un áspero debate donde se cruzaron acusaciones de falta de transparencia, aumentos disimulados y hasta reproches sobre el modelo económico nacional.
La concejal oficialista, Beatriz Segovia, como miembro informante, detalló que la modificación busca “aumentar los beneficios previstos para el régimen simplificado municipal” y reducir la carga impositiva en sectores específicos como gastronomía, bares, restaurantes, cines y hoteles. “El objetivo es acompañar a estos sectores en la crisis económica que están viviendo”, justificó.
La iniciativa también propone facilitar el cumplimiento tributario para pequeños contribuyentes y mejorar los plazos de defensa del contribuyente. La concejal Beatriz Segovia complementó la fundamentación destacando que se trata de “promover y fortalecer la actividad turística local”.
Las denuncias de la oposición
La respuesta de los bloques opositores no se hizo esperar. El concejal radical, Diego Herrera, fue el primero en cuestionar duramente el proyecto: “Lo que no estamos de acuerdo es lo que esconde el proyecto”.
Herrera desgranó una lista de aumentos en pisos mínimos que afectarían a diversos rubros: industrias (entre 1,5% y 10%), transporte de mercaderías y pasajeros (del 3% al 6,9%), estaciones de servicio (del 3,5% al 9%), supermercados (del 3% al 4% o 5% según facturación), aseguradoras (del 6% al 10%) y, el más cuestionado, servicios de telefonía móvil, internet y telecomunicaciones (del 6% al 40%).
“Todas estas compañías van a trasladar el costo a todos y cada uno de los ciudadanos de Formosa“, advirtió el edil opositor, quien anticipó que los formoseños deberán “agradecer al municipio” cuando vean aumentos en sus servicios básicos.
Falta de debate y transparencia
La concejal libertaria, Macarena Romero, cuestionó la metodología de trabajo del oficialismo: “Preocupa la forma en que el ejecutivo y el bloque oficialista se viene manejando. Salieron a brindar este tipo de información a los medios antes que a nosotros, los concejales opositores, porque nosotros también representamos a un sector de los capitalinos”.
Más dura fue la crítica del concejal, Patricio Evans, quien denunció que el proyecto llegó apenas 24 horas antes de la sesión, con “más de 50 fojas donde cada renglón afecta a una actividad económica“, y sin copias suficientes para todos los ediles. “Es superdifícil ejercer la labor legislativa dentro de este cuerpo“, se quejó.
Evans detalló aumentos específicos que calificó como “un robo”: producción de carbón (del 1,5% al 8%), financieras (del 20% al 60%) y reiteró el caso de la telefonía móvil. “Va a pagar doña Rosa cada vez que vaya a sacar un préstamo, está triplicando el costo de esa financiera que se lo va a trasladar al consumidor final“, argumentó.
El concejal libertario, Marcelo Ocampo, empresario del rubro gastronómico, adelantó su voto negativo pese a que el proyecto lo beneficiaba directamente. “La gente no me eligió para venir a votar por mi sector. El principal problema que tenemos es la falta de clientes, necesitamos que la gente tenga plata en el bolsillo“, explicó.
La defensa oficialista
El bloque justicialista cerró filas y defendió el proyecto. El concejal oficialista, José Delguy, acusó a la oposición de “demagogia” y de desconocer que los porcentajes mencionados se refieren a “por mil” y no a “por ciento”. “Cuando hablamos de un aumento del 3% es 3 por mil, no 3%”, aclaró.
Pero el debate derivó en reproches al gobierno nacional. El edil oficialista responsabilizó a la administración de Javier Milei por la crisis económica: “Los aumentos más grandes que ha tenido la historia argentina. La electricidad aumentó 344%, el gas 617%, se quitaron subsidios al transporte, aumenta la nafta sin medida”.
“Le debería dar vergüenza cuando un gobierno nacional evita invitar a un gobernador”, disparó contra la oposición, acusándola de defender “un gobierno que achica a nuestra gente”. Anticipó su voto afirmativo “porque a través del bloque justicialista vamos a defender siempre los intereses de los sectores”.
Pese a las críticas y los pedidos de cuarto intermedio, el oficialismo impuso su mayoría y el proyecto fue aprobado. La votación se realizó por mano alzada, sin la nominación que había solicitado la oposición.
