Los diputados provinciales de la UCR anticiparon que volverán a impulsar el juicio político contra Miriam Radrizzani, presidenta del Tribunal de Cuentas de Formosa, luego de que la funcionaria fuera imputada formalmente por “estafa procesal mediante la utilización de documento privado falso equiparado a instrumento público”.
El diputado provincial Miguel Montoya confirmó a Algo está pasando que el bloque radical insistirá con la iniciativa que ya había presentado en 2022, tras conocerse los detalles de la imputación judicial contra Radrizzani y su cómplice Jaqueline de los Ángeles Zorrilla.
“Ahora nuevamente vamos a insistir en el pedido de juicio político de la presidenta del Tribunal de Cuentas. Ya lo hemos hecho hace 2 años, consideramos que no tiene idoneidad moral para estar al frente de ese órgano tan importante en nuestra Constitución“, declaró Montoya.
La imputación se originó por los hechos ocurridos en agosto de 2022, cuando Radrizzani y Zorrilla presentaron un supuesto contrato de locación fabricado deliberadamente para suspender un desalojo ordenado por la justicia civil tras 11 años de litigio.
Según el expediente judicial, un día antes del desalojo programado, ambas mujeres presentaron con “habilitación de días y horas inhábiles” un contrato de alquiler fechado en abril de 2021, que la fiscalía considera falso y creado únicamente para obstruir la orden judicial.
La maniobra incluía que Zorrilla, empleada doméstica de Radrizzani desde los 14 años, se instalara en el inmueble con sus hijos menores para simular ser inquilina legítima. Durante el operativo de desalojo, Radrizzani la contactó telefónicamente insistiéndole que “no salga bajo ningún motivo” y que “se encierre en la pieza con los chicos”.
Montoya destacó que la nueva Constitución provincial establece en su artículo 193 “la presunción de un delito doloso como causal para iniciar un juicio político”, sin necesidad de esperar una condena firme.
“El juicio político es hacer una consideración política acerca de la idoneidad moral o ética de la persona. Ante un presunto delito doloso que sea prima facie creíble, como en este caso donde ya existe una causa penal, corresponde evaluar si la persona tiene las condiciones éticas para ejercer el cargo“, explicó el legislador.
El diputado radical fue contundente al enumerar las conductas atribuidas a Radrizzani: “Estamos hablando de una persona que usurpó una propiedad, falsificó instrumentos públicos, desobedeció una orden judicial y obligó mediante un ardid a su empleada doméstica que se metiera en la casa con sus hijos menores para que la justicia no pudiera desalojarla”.
En 2022, la UCR ya había impulsado un pedido similar que fue desechado por el oficialismo “en 5 minutos y con su mayoría abrumadora, sin siquiera debatir si era correcto o no”, según recordó Montoya.
Sin embargo, el diputado considera que la situación actual es diferente: “Ahora creo que con esta imputación que pesa sobre la doctora Radrizzani van a tener mucho menos margen para por lo menos debatir la viabilidad del juicio político”.
La iniciativa cobra especial relevancia considerando que el Tribunal de Cuentas tiene la función constitucional de controlar la rendición de cuentas de intendentes y organismos públicos, por lo que la idoneidad moral de quien lo preside resulta fundamental para la transparencia del sistema.
Radrizzani y Zorrilla enfrentan actualmente cargos por violación de los artículos 172, 292 y 297 del Código Penal, mientras la fiscalía investiga si existieron otras irregularidades en el manejo del inmueble en disputa.
