Diputados provinciales de la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de ley en la Legislatura de Formosa para declarar el estado de desastre y emergencia hídrica, agropecuaria, económica y social en los departamentos de Patiño, Pilagá, Pirané, Laishí y Formosa, por el término de 180 días, con posibilidad de prórroga.
La iniciativa surge como respuesta a la grave crisis que atraviesan diversas localidades afectadas por un régimen de lluvias excepcional que ha provocado inundaciones prolongadas y severas pérdidas productivas.
Según se detalla en el proyecto, el objetivo principal es que el Poder Ejecutivo provincial realice un relevamiento de las zonas comprometidas y disponga de partidas especiales para atender la emergencia. También se lo faculta a gestionar recursos ante el Gobierno Nacional, en particular del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEMA), para sostener programas de asistencia directa y recomposición productiva.
Entre los puntos destacados, el proyecto habilita la adquisición urgente de bienes y servicios, ejecución de obras hídricas, viales y edilicias, y la implementación de medidas financieras e impositivas para mitigar los efectos del desastre. Se prevé además la suspensión de juicios y la reestructuración de deudas para productores y familias afectadas, así como el otorgamiento de créditos con tasas bonificadas.
Los legisladores radicales que firman la iniciativa —Carla Zaiser, Juan Carlos Amarilla, Agostina Villaggi, Ana Cristina Costa y Miguel Montoya— advierten que la situación actual es crítica, tanto para las comunidades rurales como para el sector agropecuario, y cuestionan la “preocupante ausencia” de respuestas adecuadas por parte del Gobierno provincial.
“La falta de piso seco obliga a los productores a vender animales en condiciones desfavorables, se pierden pastizales, montes protectores, y las familias quedan expuestas a condiciones inhumanas. Todo esto requiere de un Estado presente y activo, cosa que lamentablemente no estamos viendo”, remarcan en los fundamentos.
El caso de Palo Santo fue citado como ejemplo de la gravedad del escenario: se encuentra parcialmente inundado desde hace días, y sus habitantes sólo han recibido ayuda a través de organizaciones civiles y referentes políticos, sin una coordinación efectiva desde los organismos estatales.
La ley también plantea la necesidad de coordinar acciones con municipios, organismos nacionales como la ANSES y la Agencia de Recaudación, y priorizar la asistencia a pequeños productores y emprendimientos familiares que enfrentan una creciente vulnerabilidad.
Los diputados firmantes hicieron un llamado a sus pares de todas las bancadas para que acompañen la iniciativa, “porque la situación no admite demoras ni especulaciones políticas: la urgencia es ahora”, concluyeron.