En el marco de la inauguración de la primera etapa de la reversión del Gasoducto Norte, Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, afirmó que esta podría ser “la última obra pública que financie el Estado Nacional”, destacando que “el sector privado está dispuesto a invertir en infraestructura que tiene todo el sentido económico”.
Las palabras del funcionario reflejan la estrategia del presidente Javier Milei, que busca promover el rol del sector privado en los futuros proyectos de infraestructura.
La reversión del Gasoducto Norte, cuya primera fase conecta el gas de Vaca Muerta con siete provincias del norte argentino, permitirá sustituir importaciones de gas por USD 1.000 millones.
Con una capacidad actual de 19 millones de metros cúbicos diarios, el proyecto contempla una segunda fase que aumentaría la capacidad en 10 millones de metros cúbicos más, financiada por capital privado.
Esta ampliación podría abrir el mercado de Brasil, que representa una demanda significativa para el gas argentino, siempre que se logre un acuerdo tarifario para el uso de gasoductos bolivianos.
Otra alternativa que evalúa el gobierno es utilizar el Gasoducto del Noroeste Argentino (GNEA) desde Formosa para abastecer la demanda energética de Paraguay. Además, existe el potencial de extender el suministro hacia el sur de Brasil, incluyendo los estados de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, donde la demanda industrial es robusta.
Este escenario de exportación energética también contempla la finalización de la segunda fase del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), una obra proyectada para vincular Neuquén con el Litoral, cuyo financiamiento también provendría del sector privado.
El gobierno nacional, en conjunto con YPF, también persigue la meta de duplicar las exportaciones de petróleo para 2026, mediante inversiones de hasta USD 2.500 millones. Otro proyecto en camino es la producción de Gas Natural Licuado (GNL) en Vaca Muerta, en colaboración con empresas internacionales como PAE y la noruega Golar, que contempla una inversión de USD 300 millones anuales.
Según un informe de la consultora Econviews, el balance energético de Argentina acumula un superávit de USD 4.700 millones en los últimos 12 meses, con expectativas de que esta cifra aumente a USD 30.000 millones hacia 2027.
Este superávit permitiría equilibrar el déficit en otras áreas y apuntalar la estabilidad macroeconómica, algo que también destacó González como uno de los pilares de la política energética del gobierno de Milei.
La exportación de gas desde el NEA y otros proyectos energéticos no solo abrirían nuevos mercados, sino que también consolidarían a Argentina como un jugador relevante en el ámbito energético regional, reduciendo la dependencia de importaciones y generando divisas clave para la economía.