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    Política

    “No se le estafó a nadie”, aseguró Atilio Basualdo y denunció una operación política de Gildo Insfrán

    El diputado nacional de La Libertad Avanza por Formosa, Atilio Basualdo, negó haber cometido una estafa en una operación vinculada a tierras fiscales y denunció una “persecución política” impulsada por el gobernador Gildo Insfrán. “Hoy Insfrán metió la cola nuevamente en esto y arma todo esto”, afirmó durante una entrevista en Algo Está Pasando, por VLU FM 88.5.
    Algoestápasando23 junio, 20264 Mins de lectura
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    El diputado nacional por Formosa de La Libertad Avanza, Atilio Basualdo, salió a responder públicamente a las acusaciones surgidas a partir de una denuncia relacionada con una operación de compra de tierras en Pozo del Tigre y aseguró que se trata de una maniobra política impulsada por el oficialismo provincial.

    Durante una entrevista concedida al programa Algo Está Pasando de VLU FM 88.5, Basualdo fue consultado sobre los dichos de la empresaria Paula Inés Paganti, quien afirmó haber participado de una inversión conjunta para la adquisición de tierras y señaló haber resultado perjudicada.

    El legislador negó categóricamente cualquier irregularidad y sostuvo que la operación se realizó de manera legal. “No, no se le estafó a nadie. Todo se hizo mediante una escritura pública, con documentación respaldatoria y en una escribanía”, afirmó.

    Según explicó, la compra se concretó entre 2021 y 2022 junto a Paganti, luego de que integrantes de la familia Paz, adjudicatarios de tierras fiscales en la zona de Pozo del Tigre, les ofrecieran vender sus derechos sobre dos parcelas de 500 hectáreas cada una.

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    “Compramos juntos porque yo estaba buscando un campo con agua para mi actividad ganadera. Ella compró 500 hectáreas y yo otras 500. Fue una operación formal, con todos los papeles correspondientes”, señaló.

    Basualdo remarcó que los vendedores contaban con adjudicaciones otorgadas por el Estado provincial y que la transacción quedó asentada en una escritura pública. En ese sentido, cuestionó la denuncia presentada años después de concretada la operación.

    “La compra fue en 2021 o 2022 y la denuncia aparece recién ahora. No se acordaron durante todos estos años. Esto tiene un claro trasfondo político”, sostuvo. La denuncia ante la justicia fue en el 2026 y recayó en el juzgado de Instrucción y Correccional N°4.

    El diputado apuntó directamente contra el Gobierno provincial y contra la presidenta del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, Marisa Atencia, a quien acusó de promover la causa judicial en su contra.

    Marisa Atencia, Instituto de Colonización y Tierras Fiscales

    “Hoy Insfrán metió la cola nuevamente en esto y arma todo esto. Es una persecución política que comenzó cuando decidí apartarme del gildismo”, afirmó.

    Además, cuestionó el accionar de la Justicia provincial y aseguró que existe una estructura destinada a disciplinar a quienes se enfrentan políticamente al oficialismo.

    “Yo hoy tengo una persecución enorme de parte de Insfrán. Maneja jueces, fiscales y organismos del Estado. Quieren mostrarle al resto de los dirigentes qué les puede pasar si salen de la línea del Gobierno”, expresó.

    Basualdo también aseguró haber presentado ante la Justicia toda la documentación que respalda la operación inmobiliaria y afirmó que los propios vendedores reconocieron en sus declaraciones que atravesaban problemas de salud cuando decidieron desprenderse de las tierras.

    La entrevista también dejó fuertes críticas hacia el juez de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, Marcelo López Picabea, quien interviene en la causa. Basualdo recordó antiguos enfrentamientos con el magistrado y puso en duda su independencia frente al poder político provincial.

    Marcelo López Picabea, juez de Instrucción y Correccional N°4

    “A Insfrán le mandaba las órdenes a Picabea. Era el emisario”, afirmó el diputado, al sostener que durante años observó un funcionamiento coordinado entre sectores de la Justicia y el Ejecutivo provincial.

    El legislador aseguró que conoce el accionar de los tribunales formoseños por su extensa trayectoria política y sostuvo que en diversas causas judiciales las decisiones terminan condicionadas por la voluntad del gobernador. Como ejemplo, mencionó el caso de Goyo Monzón, de Ingeniero Juárez, y aseguró que el propio Picabea le habría manifestado en su momento que no contaba con pruebas suficientes.

    “Me hice viejo detrás de ellos y conozco perfectamente cómo operan”, expresó Basualdo, quien insistió en que la causa por la operación de tierras responde a una estrategia destinada a disciplinar a dirigentes que se alejan del oficialismo provincial.

    En ese contexto, sostuvo que la investigación en su contra forma parte de una estructura de persecución política más amplia. “Quieren mostrarle al resto de los dirigentes qué les puede pasar si salen de la línea del gildismo”, afirmó.

    Respecto de Paganti, negó haberse distanciado y reveló que ambos mantienen contacto. “Ayer viajamos juntos en el avión. Ella es una empresaria que tiene inversiones en Formosa. Lamento que también haya quedado involucrada en esta situación”, dijo.

    Finalmente, el legislador insistió en que la causa responde a motivaciones políticas y no jurídicas. “Estoy dispuesto a seguir adelante y enfrentar esto. No hubo ninguna estafa. Lo que existe es una utilización de las instituciones para perseguir a quienes pensamos diferente”, concluyó.

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