La intervención de la Justicia Federal resultó clave para encauzar un conflicto social que llevaba varios días de tensión en la Ruta Nacional 81, a la altura de Ensanche Norte, en la zona de Ibarreta. La situación, protagonizada por integrantes de comunidades originarias que reclamaban ser escuchados tras las últimas lluvias, derivó en una instancia judicial que terminó forzando la apertura de una mesa de diálogo con autoridades municipales.
En declaraciones a VLU 88.5, el juez federal N°1 de Formosa, Pablo Morán, aclaró que, si bien se habló de un corte de ruta, en realidad los manifestantes se encontraban al costado de la traza “en actitud expectante”, sin interrumpir el tránsito, mientras aguardaban respuestas a sus demandas.
El magistrado explicó que se llevó adelante una audiencia con la participación de la Fiscalía Federal, la Defensoría Pública Oficial, representantes del Gobierno provincial —incluyendo a la ministra de la Comuinidad y el Instituto de Comunidades Aborígenes—, autoridades municipales y referentes de la comunidad. “Estuvimos dialogando, parlamentando, como dicen ellos, respecto de la situación”, detalló.
Como resultado de ese encuentro, se homologó un acuerdo conciliatorio que estableció que los caciques de las comunidades Pilagá y Toba serían recibidos este miércoles por el intendente de Ibarreta, Adán Jarzynski, en un intento por canalizar institucionalmente los reclamos.
Sin embargo, más allá de la resolución puntual, el episodio deja al descubierto una cuestión de fondo: la necesidad de que intervenga la Justicia Federal para garantizar algo tan básico como una instancia de diálogo entre autoridades y ciudadanos.
El propio desarrollo del conflicto muestra una lógica repetida: la falta de respuestas iniciales escala la tensión hasta situaciones límite, con impacto directo en la circulación y en la vida cotidiana de quienes transitan la zona. Dificultaron el movimiento de los docentes para brindar clases en las escuelas.
