El Gobierno nacional, a través de convenios firmados con mandatarios provinciales, transfirió en 2024 un total de 278 obras públicas a diferentes distritos del país, delegando en las provincias y municipios el control y financiamiento de su ejecución.
Según un informe presentado ante el Congreso por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, Formosa figura entre las provincias beneficiadas con 11 proyectos por un monto total de $3.643 millones, los cuales abarcan infraestructura urbana, vial y educativa.
Este traspaso se da en el contexto de un recambio gubernamental y bajo la premisa de que el Estado nacional no realizará nuevos aportes financieros para estas obras.
El informe de Francos, presentado en noviembre pasado, detalla que las provincias tienen la opción de rescindir contratos en caso de incumplimientos, mientras que la Nación se enfocará en un reducido número de proyectos estratégicos con financiamiento central.
En contrapartida, desde el Gobierno de Formosa se niega un acuerdo firmado para el traspaso porque no existe acuerdo respecto a la deuda de esas obras que fue generada durante la gestión de Alberto Fernandez-Sergio Massa.
En comparación con otras provincias, Formosa se ubica en un rango medio de beneficiarios, lejos de Neuquén, la más favorecida con 42 obras valuadas en $14.554 millones. Misiones, Corrientes, Salta y Catamarca también destacan en el reparto de proyectos, con montos superiores a los asignados a la provincia formoseña.
El traspaso de estas obras genera desafíos significativos para las administraciones locales, en un contexto de reclamos por la paralización de proyectos de infraestructura a nivel nacional. La falta de mantenimiento vial, por ejemplo, no solo afecta la seguridad en las rutas sino que también encarece los costos logísticos.
En Formosa, los proyectos ahora bajo control provincial se suman al panorama complejo de la obra pública en el país. Entre ellos, destacan intervenciones hídricas y urbanas necesarias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero que exigen un esfuerzo financiero considerable por parte del gobierno local.