La Cámara Federal de Resistencia resolvió este viernes hacer lugar a una medida cautelar y ordenó a la Universidad Nacional de Formosa (Universidad Nacional de Formosa) reincorporar de manera urgente a los decanos Alfredo Rafael Olmedo, María Rosa Sanabria y Carlos Aníbal Martínez al Consejo Superior de la casa de estudios.
La resolución judicial, firmada por las juezas Patricia Beatriz García y Rocío Alcalá, junto al juez Enrique Jorge Bosch, suspendió provisoriamente los efectos de las decisiones adoptadas por el Consejo Superior de la UNaF el pasado 24 de abril, cuando los tres decanos fueron apartados de sus funciones como integrantes del órgano de cogobierno universitario.
El conflicto se originó durante una sesión extraordinaria convocada por el rector Augusto Parmetler. Según plantearon los demandantes, durante ese encuentro se produjeron irregularidades vinculadas al funcionamiento del Consejo Superior, entre ellas cuestionamientos sobre el quórum y el tratamiento de denuncias administrativas relacionadas con las elecciones de decanos realizadas en diciembre de 2024.

Los actores sostuvieron que, tras el retiro de diez integrantes del Consejo Superior, la sesión continuó sin el número mínimo requerido para deliberar válidamente. Además, denunciaron que las suspensiones fueron decididas sin garantizar el derecho de defensa ni el debido proceso.
Sin embargo, la UNaF argumentó ante la Cámara que la sesión mantuvo el quórum reglamentario y que no se dispuso la remoción de los decanos, sino una suspensión preventiva mientras se investigaban presuntas irregularidades y denuncias administrativas.
Pese a ello, el tribunal consideró que existían elementos suficientes para otorgar la cautelar. En particular, entendió que las suspensiones de los decanos requerían una mayoría agravada de dos tercios del Consejo Superior, prevista en el estatuto universitario para los casos de suspensión o separación de autoridades.
La Cámara remarcó que los decanos son “miembros natos” del Consejo Superior y que sus funciones dentro del órgano son inherentes al cargo que ejercen. En ese sentido, sostuvo que “no se encontraría cumplida la observancia de las mayorías exigidas por la norma para la validez de las decisiones adoptadas respecto de las suspensiones dispuestas”.
En el fallo, los magistrados advirtieron además sobre el impacto institucional que podría generar la exclusión de las autoridades académicas del órgano de cogobierno y señalaron que la reincorporación cautelar busca preservar el normal funcionamiento institucional de la universidad hasta que exista una sentencia definitiva.
La medida tendrá vigencia hasta que se resuelva el fondo de la cuestión judicial.

