La provincia de Formosa finalizó el año 2024 con un stock de deuda pública de $25.217 millones, lo que marca una caída real interanual del 70,3%, la segunda más pronunciada del país. Así lo revela un informe de la consultora Politikon Chaco, basado en datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y del INDEC.
Este ajuste ocurrió en un contexto de fuerte licuación de pasivos subnacionales durante el primer año de la presidencia de Javier Milei, quien impuso un rígido anclaje del tipo de cambio oficial frente a una inflación que superó ampliamente las previsiones iniciales.
Esa combinación provocó una apreciación real del peso argentino, lo que redujo automáticamente el valor en moneda local de las deudas en dólares que mantienen las provincias, entre ellas Formosa.
A esto se sumaron los procesos de cancelación anticipada de pasivos entre provincias y la Nación, principalmente con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, aunque en el caso formoseño el impacto fue más limitado.
Formosa aparece en el informe como una de las provincias con menor carga de deuda: representa solo el 1,4% de sus ingresos totales y equivale a $41.516 por habitante. Ambas cifras la ubican en el pelotón de menor endeudamiento del país, junto a San Luis y Santa Cruz.
Este perfil fiscal austero ha sido sostenido por años por la administración de Gildo Insfrán, y aunque ha sido blanco de críticas por su escaso dinamismo económico, le permitió a la provincia sortear sin sobresaltos la crisis del endeudamiento que atraviesan otras jurisdicciones.
Mientras provincias como Buenos Aires o La Rioja enfrentan niveles de deuda que superan el 40% de sus ingresos, Formosa mantiene niveles estructuralmente bajos, lo que le otorga mayor previsibilidad en su gestión financiera. En un país donde el crédito escasea y la asistencia del Tesoro nacional está limitada, ese margen es un activo que pocos conservan.
Aunque las condiciones macroeconómicas siguen siendo inciertas, todo indica que la deuda formoseña continuará en niveles mínimos durante 2025, salvo que cambie el enfoque de política fiscal del Gobierno nacional o provincial.