La justicia penal de Formosa imputó formalmente a Miriam Esther Radrizzani, presidenta del Tribunal de Cuentas de la provincia, por el presunto delito de “estafa procesal mediante la utilización de documento privado falso equiparado a instrumento público”. Junto a ella fue imputada Jaqueline de los Ángeles Zorrilla, quien según la investigación actuó como cómplice en el ardid para obstruir una orden de desalojo.
La causa se originó por los hechos ocurridos en agosto de 2022, cuando la justicia civil ordenó el desalojo de un inmueble ubicado en Pueyrredón y avenida Gutnisky, tras una batalla judicial que se extendió por 11 años. La orden la orden fue dictada por la Dra. Claudia Fabiola Pérez Grepo, por entonces Jueza Subrogante del Juzgado Civil y Comercial N° 5, a favor de Olga Duarte, quien se definía como la propietaria legítima del inmueble que estaba en poder de la funcionaria provincial.
Según consta en el expediente N° 1363/25 del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, el 29 de junio de 2022 -un día antes del desalojo programado- Radrizzani y Zorrilla presentaron con “habilitación de días y horas inhábiles” un supuesto contrato de locación fechado el 29 de abril de 2021.
La fiscalía, a cargo de Claudia Silvana Ontiveros, considera que este contrato fue “fabricado deliberadamente” con el único fin de suspender la ejecución del lanzamiento. La maniobra resultó exitosa inicialmente: mediante providencia simple se suspendió el desalojo por 10 días y se ordenó correr vista al Asesor de Menores.
El 20 de agosto de 2021, cuando finalmente se ejecutó el lanzamiento a las 8:45 horas, la oficial de justicia constató irregularidades que evidenciaron la simulación. En el acta de desalojo quedó registrado que las imputadas realizaron “conductas como presentarse como supuestas locadoras” y que Zorrilla se encerró en una de las habitaciones con tres menores.
El elemento clave que delató el engaño fue que, según consta en el expediente, “al producirse el retiro de la Sra. Zorrilla y tres menores en el lugar no se observó ropas, ni calzados, ni útiles escolares”, lo que evidenció que el supuesto alquiler fue un hecho simulado para hacer caer en error al juez civil.
En su declaración indagatoria del 5 de agosto de 2025, Jaqueline Zorrilla reconoció haber trabajado como empleada doméstica para Radrizzani desde los 14 años. Según su testimonio, la funcionaria la llamó por teléfono el día del desalojo y le pidió que se fuera al inmueble con sus hijos pequeños.
“Me dijo que se prepare, junto con sus hijos de muy corta edad y que se vaya de nuevo al domicilio, para que se quede con sus hijos en la casa (…) diciéndole como fundamento que se quede en esa casa porque no quería que le saquen la casa y que diga que alquilaba“, declaró Zorrilla ante el juez Guillermo O. Caballero.
La imputada también reveló que durante el operativo de desalojo, Radrizzani la contactó telefónicamente insistiéndole que “no salga bajo ningún motivo” y que “se encierre en la pieza con los chicos”.
El conflicto se remonta al año 2011, cuando Olga Duarte inició el expediente N° 612 caratulado “Duarte Vda. de Garay Fernández, Olga C/Radrizani, Myrian Esther S/Juicio Ordinario (Acción de Reivindicación)” ante el Juzgado Civil y Comercial N° 5.
Tras años de litigio, Duarte obtuvo sentencia favorable que condenó a Radrizzani a desalojar el inmueble, iniciándose posteriormente el “Incidente de Ejecución de Sentencia” que derivó en el mandamiento de lanzamiento.
Actualmente, ambas imputadas enfrentan cargos por violación de los artículos 172, 292 y 297 del Código Penal. La fiscalía solicitó que se investigue si Radrizzani pidió autorización al juzgado civil para alquilar el inmueble en disputa y si existen medidas cautelares sobre la propiedad.
