Argentina tiene 121.443 personas privadas de libertad en sus cárceles, pero apenas el 2% de ellas está detenida por delitos contra la administración pública. El dato más llamativo del informe elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) es que dos provincias —Formosa y Santa Cruz— no registran ninguna persona encarcelada por este tipo de ilícitos al cierre de 2024.
Formosa, con 712 personas privadas de libertad en su sistema penitenciario, no tiene ningún detenido por delitos contra el Estado: corrupción, cohecho, malversación de fondos o abuso de autoridad.
La distribución delictiva en esa provincia muestra que el 37,2% de los encarcelados lo está por delitos contra la integridad sexual, el 27,1% por delitos contra las personas, y el 16,4% por infracciones vinculadas a estupefacientes, pero la categoría de delitos contra la administración pública simplemente no existe en sus registros.
En la provincia gobernada por Gildo Insfrán hace 30 años no existen causas avanzadas contra funcionarios corruptos en una justicia casi ahorcada por la influencia de la Fiscalía de Estado, que ya interviene en la selección de jueces desde el Consejo de la Magistratura.
El episodio mas emblemático es la denuncia por el pago de los 7,6 millones de pesos en la que fue denunciado el gobernador formoseño como presunto pago de una coima a Alejando Vanderbroele, que lo reconoció. Sin embargo la causa, despues de estar en manos de Ariel Lijo, se cerró en la justicia formoseña.
La sugestiva casualidad es que Santa Cruz presenta un panorama similar. De las 423 personas alojadas en sus establecimientos penitenciarios, ninguna responde por delitos de corrupción, cohecho, malversación de fondos o abuso de autoridad. Una provincia domada por el kirchnerismo también por casi 30 años.
El mapa de la corrupción encarcelada
En el extremo opuesto, Buenos Aires lidera el ranking nacional con 1.330 personas detenidas por delitos contra la administración pública, lo que representa el 53,8% del total nacional y el 2,4% de su población carcelaria. Le siguen a gran distancia Córdoba con 282 casos (1,9% de su población penitenciaria), Santa Fe con 272 (2,6%) y el ámbito Federal con 199 detenidos (1,7%).
Otras jurisdicciones con números significativos son Mendoza (159 casos), Salta (63), Entre Ríos (66) y Río Negro (33). En el otro extremo, además de Formosa y Santa Cruz, provincias como Chaco (1 caso), La Rioja (3), Tierra del Fuego (1) y Neuquén (2) presentan cifras mínimas.
La ausencia total de detenidos por corrupción en Formosa y Santa Cruz plantea serios interrogantes sobre la efectividad —o la voluntad— de perseguir penalmente estos delitos en esas jurisdicciones. Mientras que en Buenos Aires hay más de 1.300 personas presas por delitos contra el Estado, dos provincias argentinas no registran un solo caso.
El informe del CNPT no profundiza en las causas de estas diferencias regionales, pero los números expuestos abren una puerta ineludible sobre la selectividad del sistema penal argentino y su capacidad —o voluntad— para investigar y sancionar efectivamente los delitos cometidos desde el poder político.
