El 27 de marzo, profesionales del Cuerpo Médico Forense (CMF) viajaron a la ciudad de Formosa y evaluaron a tres pacientes sobrevivientes en la sede del Juzgado Federal N.º 2. El traslado fue ordenado por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, con el aval de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de la investigación por las muertes causadas por fentanilo contaminado.
El objetivo de los peritajes es determinar y graduar las posibles lesiones que padecen quienes lograron sobrevivir al fármaco adulterado. A nivel nacional, el CMF completó el análisis de 160 historias clínicas: 111 de pacientes fallecidos y 49 de pacientes dados de alta con posibles secuelas.
La llegada de los peritos a Formosa no es casual. La provincia adquirió 14.065 ampollas del lote 31.202, producido el 18 de diciembre de 2024 por Laboratorios Ramallo S.A. para HLB Pharma Group S.A. y hoy prohibido por la ANMAT. Con ese volumen, Formosa se ubica entre las jurisdicciones con mayor cantidad de unidades compradas, apenas detrás de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba.
La droga, utilizada como sedante y analgésico en unidades de terapia intensiva, fue distribuida en el sistema de salud pública provincial a través de compras centralizadas del Gobierno de Gildo Insfrán y el Instituto de Asistencia Social, Educativa y Previsional (IASEP).
Tres muertos en el Hospital Interdistrital Evita
Los registros judiciales dan cuenta de que tres pacientes murieron en el Hospital Interdistrital Evita (HIEF) tras recibir dosis del lote contaminado. La información llegó inicialmente con una imprecisión: los documentos hacían referencia al Distrital 8 “Eva Perón”, del C5, pero luego fue corregida para señalar al HIEF como el establecimiento donde se produjeron los fallecimientos. Este medio consultó al ministro de Desarrollo Humano provincial, Aníbal Gómez, quien no respondió.
La causa avanza
El juez Kreplak prevé ampliar en abril la declaración indagatoria de los 14 imputados. Cuatro están detenidos y dos cumplen arresto domiciliario. La Cámara federal ratificó las detenciones y rechazó los pedidos de prisión domiciliaria de los principales acusados. El caso es considerado el mayor desastre sanitario de la historia reciente del país.
