La idea del Gobierno nacional para modificar el esquema de recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) vuelve a instalar un debate de fondo: la crisis del sistema de coparticipación federal.
Aunque el Ministerio de Economía desmintió que se esté analizando la creación de un “superIVA”, el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo avanzan con una idea que podría cambiar las reglas del juego: la Nación recaudaría un 9% del IVA y las provincias cobrarían el porcentaje restante, reemplazando así tributos locales como Ingresos Brutos.
Para el economista Roberto Cachanosky, se trata de una medida imperfecta pero útil en el contexto político actual. “Es un second best frente a la eliminación total de la coparticipación, pero podría ser una salida parcial al problema”, sostuvo en su columna, donde señaló con dureza el rol que tienen algunas provincias dentro del esquema fiscal vigente.
El caso de Formosa ilustra con claridad las distorsiones del sistema. Según los datos que expuso Cachanosky, los recursos provinciales propios representan apenas el 7% de los fondos que recibe del Estado nacional. Es decir, por cada 100 pesos que gasta la administración de Gildo Insfrán, solo 7 se generan dentro de la provincia. El resto proviene de la coparticipación y transferencias discrecionales del Tesoro.
“El gobernador Insfrán no se ocupa de recaudar y vive de lo que transfiere la Nación. Es lo que en economía se conoce como free rider: un pasajero que viaja gratis”, explicó Cachanosky. Este fenómeno, dice, se repite en varias provincias del norte argentino, pero en Formosa adquiere una dimensión estructural. La economía local depende en gran medida del empleo público, que representa más del 50% de los puestos laborales registrados, y la actividad privada se sostiene en gran parte gracias al gasto estatal.
La propuesta del gobierno de Milei va en dirección opuesta: plantea que las provincias recauden lo que gasten, y que compitan entre sí para atraer inversiones, con menor presión fiscal. En ese esquema, Formosa quedaría expuesta a una realidad que hasta ahora había evitado: tener que generar sus propios recursos para financiar salud, educación, seguridad y obra pública.
Cachanosky recuerda que el sistema de coparticipación fue introducido tras la crisis de 1890 y consolidado después de 1930, pero que no tiene fundamentos constitucionales sólidos. “La Constitución de 1853/1860 no contemplaba la coparticipación. La Nación se financiaba con aduanas y Correos; las provincias, con impuestos a la propiedad y las ventas”, explicó. El sistema funcionó durante décadas sin transferencias automáticas, y cada jurisdicción recaudaba y administraba sus recursos.
La reforma constitucional de 1994 estableció que debía sancionarse una nueva Ley de Coparticipación antes de 1996. Han pasado casi 30 años y esa ley aún no existe. “¿Por qué? Porque, al momento de definir cuánto le toca a cada provincia, estallaría un conflicto. Y porque a los gobiernos nacionales les conviene mantener el control de las transferencias para negociar políticamente”, aseguró Cachanosky.
En este escenario, la discusión sobre el IVA no es solo técnica. Implica revisar de raíz el modelo de financiamiento de provincias como Formosa, que durante décadas han funcionado bajo una lógica de dependencia estructural.
La propuesta de dividir el IVA podría empujar a estas jurisdicciones a reordenar sus prioridades fiscales, reducir el empleo público, eliminar impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y crear condiciones más amigables para la inversión privada. Pero también podría desatar tensiones políticas profundas en un país donde la autonomía provincial convive, desde hace décadas, con una dependencia económica extrema.
