De los 24 mandatarios provinciales (23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño), solo 19 accedieron a mostrar parte de sus bienes, mientras que cinco decidieron no publicar sus declaraciones juradas ni responder consultas sobre ellas. Entre estos últimos se encuentran Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Valdés (Corrientes), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa).
En Formosa, la falta de una Ley de Ética Pública que regule la presentación y publicidad de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios deja un vacío legal que fomenta la opacidad. Incluso en provincias donde existe normativa, muchas veces estas obligan a los funcionarios a declarar sus bienes solo a sobre cerrado, limitando el acceso ciudadano a la información.
El Artículo 154 de la Constitución provincial formoseña establece que “todo magistrado, legislador o funcionario, sea por elección o por designación, antes de jurar o asumir el cargo, deberá efectuar una declaración jurada de bienes ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas”.
El mismo articulo dispone que “cualquier ciudadano, con interés legítimo, sin que ello implique imputación de delito, podrá solicitar ante el Fiscal de Investigaciones Administrativas”. Hasta ahora no se creo esa Fiscalía, en consecuencia no se reglamento el acceso.
El informe de TN también revela cómo otros gobernadores, como Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Rolando Figueroa (Neuquén) y Gustavo Sáenz (Salta), decidieron transparentar voluntariamente sus patrimonios. Esta práctica permite a la sociedad conocer detalles como propiedades, inversiones o bienes de lujo que reflejan la realidad económica de sus mandatarios.
Sin embargo, en el caso de Insfrán, quien gobierna Formosa desde hace más de 25 años, la negativa a brindar información alimenta dudas sobre la composición de su patrimonio y su evolución durante su extensa gestión.
Este trabajo periodístico pone en evidencia la desigualdad en los niveles de transparencia en el país y la necesidad de establecer normativas que obliguen a todos los gobernadores a exponer públicamente sus bienes, fomentando así la confianza en las instituciones y el control ciudadano. Mientras tanto, la falta de respuestas de Insfrán y otros mandatarios deja en el aire una pregunta clave: ¿qué tienen que ocultar?
Con información de TN.