El Gobierno de Chaco, a través del Ministerio de Producción, salió al cruce de las denuncias realizadas por la Asociación de Abogados Ambientalistas (AAA) sobre presuntas irregularidades en la gestión forestal y desmonte en la provincia.
El titular de la cartera, Oscar Pablo Dudik, envió una carta documento intimando al colectivo ambientalista a aportar pruebas concretas que respalden sus acusaciones difundidas en redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube.
“Basta de impunidad con quienes acusan fácil y gratuitamente, que respondan a la justicia”, habría expresado el funcionario, visiblemente molesto por lo que considera una campaña difamatoria sin sustento técnico ni jurídico.
En la carta documento, Dudik exige a la AAA que “cese, de manera inmediata, en toda declaración pública o manifestación que involucre acusaciones contra el Gobierno Provincial, sus funcionarios o sus políticas ambientales”, y los intima a que, dentro de un plazo de 48 horas hábiles, presenten “material técnico, documental probatorio u otros” que justifiquen sus dichos.
Uno de los puntos que más enardeció al Ejecutivo chaqueño refiere a la presunta presión que “poderosos intereses económico-gubernamentales” habrían ejercido para que la jueza federal Zunilda Niremperger se declare incompetente en causas vinculadas a desmontes. Dudik exige que estas afirmaciones también sean ratificadas con pruebas fehacientes, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales por daños a la imagen institucional y a la honorabilidad de los funcionarios involucrados.
Además, desde el Ministerio remarcaron que el Gobierno Provincial mantiene abierta su voluntad de diálogo con todos los sectores, pero advirtieron que dicho intercambio debe realizarse “sobre la base de datos verificables y un debate serio y responsable”.
“La generación de alarma social mediante discursos extremistas o narrativas carentes de rigor técnico no solo es abusiva, sino también comprometedora para la buena fe del debate ambiental”, señala el texto legal.
En paralelo, la cartera recordó que las políticas provinciales de manejo del monte nativo se desarrollan en consonancia con la Ley Nacional de Bosques y la Constitución, priorizando un equilibrio entre el cuidado ambiental, el desarrollo productivo sustentable y el derecho de las comunidades rurales al trabajo digno.
Por lo pronto, ahora la Asociación de Abogados Ambientalistas, que tendrá que definir si responde con pruebas o enfrenta el camino judicial que el Gobierno ya puso sobre la mesa.
