El desalojo de una numerosa familia del barrio San José Obrero terminó con una respuesta poco habitual del Gobierno de Formosa: la asignación directa de al menos dos viviendas en el barrio Nueva Formosa, mientras miles de familias deben atravesar el proceso de inscripción y esperar un sorteo para acceder a una de las 200 unidades habitacionales anunciadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
La principal integrante de la familia desalojada mantiene vínculos políticos con el oficialismo provincial y pertenece al sector que conduce la actual diputada nacional Graciela de la Rosa.
El caso se inició mucho antes de la intervención del Gobierno. La disputa por el inmueble atravesó alrededor de 12 años de trámite judicial y tuvo resoluciones adversas en primera y segunda instancia. Cuando se concretó el operativo desalojo, la familia consiguió una prórroga de aproximadamente 15 días, una medida de carácter extraordinario que permitió postergar temporalmente la ejecución.
Finalmente, el procedimiento se realizó con un importante despliegue policial en el barrio San José Obrero. Pero la familia no quedó sin una solución habitacional: posteriormente fue trasladada a la Nueva Formosa y 14 sus integrantes fueron distribuidos en al menos dos unidades habitacionales: la mudanza corrió por cuenta del ministerio de la Comunidad.
La decisión contrasta con el procedimiento que debe seguir el resto de los formoseños que buscan acceder a una casa del Estado. Actualmente se desarrolla el proceso para adjudicar 200 viviendas, cuyos postulantes deben inscribirse, cumplir los requisitos establecidos por el IPV y quedar sujetos al correspondiente sorteo.
La intervención también marca una diferencia frente a otros desalojos que se producen en Formosa. El Estado provincial no asigna automáticamente una vivienda a cada familia alcanzada por una orden judicial de este tipo. En este caso, en cambio, la respuesta habitacional fue directa y se concretó inmediatamente después del conflicto.
El eufemismo oficial
La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) difundió extensamente la situación familiar y presentó la actuación estatal como la respuesta que permitió superar la situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el comunicado oficial evitó precisar cuál fue concretamente la solución otorgada.
La publicación señaló que el Gobierno había actuado “mediante las acciones necesarias” para iniciar una nueva etapa para la familia. Detrás de ese eufemismo quedó fuera del relato oficial un dato central: esas acciones incluyeron la asignación directa de viviendas en la Nueva Formosa.
Contra Conejero
La comunicación oficial no se limitó a mostrar la asistencia brindada por el Estado. AGENFOR puso especialmente el foco en las críticas de la familia contra el obispo de Formosa, José Vicente Conejero, a quien responsabilizaron por no haber intervenido para evitar el desenlace del conflicto.
El episodio quedó así incorporado a la disputa que el gobernador Gildo Insfrán mantiene con Conejero. En los últimos tiempos, diferentes sectores del oficialismo y estructuras vinculadas al Estado provincial han cuestionado públicamente al titular de la Diócesis.
En este caso, la maquinaria comunicacional gubernamental utilizó un conflicto judicial y habitacional particular para volver a colocar al obispo en el centro de las críticas, mientras omitió informar con la misma claridad que el Gobierno había resuelto la situación mediante una vía excepcional: la entrega directa de viviendas estatales.
La cuestión de fondo excede, por lo tanto, el desalojo. Mientras cientos de familias esperan cumplir cada instancia administrativa y tener suerte en un sorteo para acceder a una de apenas 200 casas, este caso tuvo una respuesta distinta, rápida y por fuera de ese mecanismo. Una excepción que el propio comunicado oficial eligió describir simplemente como “las acciones necesarias”.
