El presidente Javier Milei firmó los decretos para designar en comisión a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La medida se fundamenta en la imposibilidad del máximo tribunal de funcionar con normalidad debido a la falta de integrantes y en la negativa del Senado a tratar los pliegos enviados por el Ejecutivo.
Lijo es un juez con un historial marcado por fallos que generaron controversia. Entre ellos, elevó a juicio el caso Ciccone, donde Amado Boudou fue condenado por corrupción, pero evitó involucrarse en una causa conexa que rozaba directamente al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.
El testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele, a través de la consultora The Old Fund, recibió 7,6 millones de pesos en 2010 para asesorar a Formosa en la renegociación de su deuda con la Nación, es decir, en una negociación con Boudou.
El propio Lijo determinó que la tarea de The Old Fund era simulada y que el dinero se lo repartieron un funcionario formoseño y Vandenbroele. Sin embargo, cuando la causa tocó a Insfrán, el magistrado se declaró incompetente y la remitió a la justicia formoseña, donde el expediente terminó archivado.
Este antecedente genera dudas sobre la imparcialidad de Lijo, quien ahora ocupará un lugar en la Corte Suprema gracias a una designación por decreto.
Desde el Gobierno justificaron la medida en un comunicado oficial: “El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país”.
El Ejecutivo también cuestionó la inacción del Senado y remarcó que la Constitución establece que es el Presidente quien selecciona los candidatos para la Corte, limitándose el Senado a aprobar o rechazar los pliegos en base a la idoneidad técnica.
El antecedente más cercano a esta situación se remonta al 14 de diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri designó en comisión a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti mediante el decreto 83. Sin embargo, ambos magistrados no asumieron hasta contar con el aval del Senado, algo que aún no está claro si sucederá con Lijo y García-Mansilla.
El proceso de nominación comenzó el 20 de marzo de 2024, cuando el Ejecutivo envió los pliegos al Senado. Luego de cumplir con todas las instancias administrativas, los candidatos asistieron a sus audiencias el 21 y 28 de agosto.
No obstante, sus pliegos nunca fueron tratados en el recinto, lo que llevó a Milei a avanzar con la designación en comisión, apelando al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional.
