El intendente de la localidad formoseña de Tres Lagunas, José Guillermo Silva, continúa detenido en la provincia de Corrientes tras ser interceptado en un control de tránsito en Paso de la Patria, fue encontrado con un nivel de 1,42% de alcohol en sangre.
Durante el operativo, una mujer que lo acompañaba pidió ayuda alegando haber sido víctima de violencia, lo que motivó a los efectivos a intervenir de inmediato. Silva reaccionó de forma violenta e incluso habría golpeado a una gendarme, lo cual complicó aún más su situación judicial.
La diputada provincial, Gabriela Neme, confirmó el episodio y lo calificó como una muestra de “impunidad” y recordó que Silva, quien lleva 10 mandatos consecutivos, ya había sido detenido en circunstancias similares en 2015.
Neme expresó su repudio a la conducta de Silva y consideró que el incidente es una prueba más de lo que llamó la “impunidad” de algunos funcionarios.
“Esto demuestra una vez más cómo algunos sectores de la política en Formosa se manejan sin consecuencias. Silva tiene 10 mandatos como intendente, más que el propio gobernador Insfrán, y aun así se permite conducir alcoholizado, agredir a fuerzas de seguridad y desconocer las leyes a las que él mismo ha adherido, como la ley de tolerancia cero al alcohol al volante”, afirmó la legisladora en Algo está pasando.
Neme también recordó un incidente similar en 2015, cuando Silva fue detenido en Formosa por conducir en estado de ebriedad.
“Entonces, como ahora, intentó agredir a los oficiales, y no hubo ninguna consecuencia real para él. Estos casos reflejan una justicia que protege a los aliados del poder, mientras que el resto de la ciudadanía debe enfrentar sus obligaciones sin contemplaciones”, añadió Neme, haciendo referencia a una “casta política” que, según ella, “se considera intocable”.
La situación de Silva se encuentra ahora en manos del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, Secretaría 6, que deberá determinar los próximos pasos en el proceso judicial.
Los cargos en su contra, que incluyen resistencia a la autoridad, agresión a un oficial de Gendarmería y posible violencia de género, podrían acarrear penas significativas y abrir un nuevo debate sobre la conducta y la impunidad en la función pública.
