En la madrugada del 20 de septiembre del año pasado, los vecinos de la Manzana 72 del barrio Fray Salvador Gurrieri fueron arrancados del sueño por gritos aterradores.
Una joven de 21 años los amenazó a viva voz: “Ya compré nafta, le voy a prender fuego a su casa y cuando salgan los voy a matar a uno por uno“. No eran palabras vacías.
Cuando el matrimonio se asomó, encontró un principio de incendio en la entrada de su hogar. Un sillón, una lona, una frazada, dos sillas y una mesita ardían. La Policía llegó rápidamente tras el llamado al 911 y confirmó el foco íngneo. La pesadilla había sido real.
Los propietarios habian asegurado, en declaraciones a los medios, que el hecho tenia motivaciones politicas porque la familia participó de un operativo de PAMI y ANSES y por no comulgar con las ideas del gildismo, que gobierna la provincia desde hace más de 30 años.
Esta semana, el juez Guillermo Omar Caballero procesó a la acusada por los delitos de amenazas de extrema violencia e incendio intencional, y dispuso su prisión preventiva hasta la instancia del juicio oral. El magistrado consideró que el caudal de evidencias reunidas es suficiente para acreditar su responsabilidad penal en esta etapa del proceso.
La imputada negó toda participación y presentó una coartada: dijo haber estado acompañada por otras dos personas en el momento de los hechos. Sin embargo, la estrategia de la defensa se desmoronó ante las contradicciones de sus propios testigos.
En un primer momento ubicaron su partida “a media mañana”; luego, bajo juramento judicial, cambiaron el horario a “la tarde”. Para rematar, un tercer testigo declaró ante la Justicia que la acusada se encontraba en otro domicilio distinto al que ella misma indicó, contradiciendo abiertamente la versión de sus propios respaldos.
Extrema gravedad
El juez Caballero encuadró la conducta en el artículo 80, inciso 5 del Código Penal argentino. Las amenazas de matar a las víctimas “una por una” y el uso del fuego como medio de ataque apuntan a figuras de altísima gravedad: tentativa de homicidio agravado por la multiplicidad de víctimas potenciales y la utilización de un medio capaz de provocar daño masivo.
Con la causa orientada hacia el juicio oral, el fallo marca un precedente claro en materia de seguridad vecinal en Formosa: las amenazas seguidas de actos violentos tienen consecuencias penales concretas y contundentes.
