El Gobierno de Formosa reaccionó con molestia ante la difusión mediática del dictamen del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, sobre la habilitación de una novena candidatura del gobernador Gildo Insfrán. La fiscal de Estado provincial, Estela Zabala, cuestionó que el documento haya trascendido en los medios antes de su publicación oficial en la página web de la Corte Suprema de Justicia.
“Lo que más me sorprende es que todavía no estaba subido el fallo a la página web de la Corte; sin embargo ya todos los medios lo tenían“, señaló Zabala,
La funcionaria indicó que accedió al dictamen a través de publicaciones periodísticas, ya que “hasta las 18 horas, todavía la Corte no lo había subido”. En ese sentido, manifestó su extrañeza: “Me sorprende sobremanera cómo esto ha trascendido sin guardar la reserva que tiene que tener“.
Más allá de la polémica por la filtración, Zabala buscó minimizar el impacto inmediato del dictamen y aclaró que el camino procesal “es largo”. “Incluso si la Corte decide tomar la competencia luego debe correr traslado a la provincia, que tiene 60 días para contestar la demanda“, explicó, agregando que “después el expediente pasa a estudio de los ministros”.
La fiscal de Estado reiteró la posición del Gobierno formoseño al afirmar que la cláusula transitoria cuarta, incorporada en la reciente reforma constitucional provincial, es “absolutamente constitucional”. “Tenemos todavía un largo camino para transitar”, sostuvo con convicción.
El dictamen que complica a Insfrán
El pronunciamiento de Casal, que reconoce la competencia originaria de la Corte Suprema para intervenir en la causa, representa un paso crucial en el proceso judicial que cuestiona la posibilidad de que Insfrán se postule nuevamente en 2027.
La polémica cláusula transitoria establece que el mandato actual del gobernador debe considerarse como su “primer mandato” bajo las nuevas reglas constitucionales, lo que le permitiría una reelección pese a llevar tres décadas en el poder.
La Confederación Frente Amplio Formoseño, promovida por Agostina Villaggi y Rodolfo Basques, impugnó esta disposición argumentando que constituye una maniobra para eludir el fallo de diciembre de 2024, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional la reelección indefinida en Formosa.
Ahora, los tres jueces que integran el máximo tribunal —Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz— deberán decidir si aceptan su competencia originaria y, eventualmente, pronunciarse sobre el fondo de la cuestión que nuevamente coloca al destino político de Formosa en manos de la Justicia federal.
