El equipo del proyecto “Hambre de Futuro” vivió una persecución sistemática durante su cobertura del 15 al 20 de septiembre en comunidades nivaclé de Formosa. El grupo integrado por Micaela Urdinez, Javier Corbalán, Joaquín Rajadel y Lautaro Guillamondegui había viajado para documentar los desafíos de jóvenes originarios.
La intimidación comenzó el miércoles 17 apenas pusieron un pie en la comunidad San José, ubicada en Río Muerto, cerca del límite con Paraguay. El oficial Albornoz se acercó con preguntas: “¿Le identificaron en el control policial? ¿A qué se dedican? ¿Son de alguna empresa?”. Los agentes fotografiaron ambos lados de todos los DNI “para tener registrado” su presencia.
Desde ese momento, al menos dos camionetas Hilux polarizadas comenzaron un seguimiento constante, filmando con celulares cada movimiento del equipo. Una de las camionetas tenía la patente alterada, evidenciando la naturaleza irregular del operativo.
La situación escaló el jueves 18 cuando una fuente anónima alertó: “Ustedes ponen un pie acá en la provincia, saben que son periodistas y ya los persiguen. En todos los puestos de policía se van pasando la información. Les hacen inteligencia, los graban”. El informante advirtió que “por su integridad física que se vayan”.
El viernes 19, el equipo recibió un mensaje alarmante desde San José: “Anoche llegaron los policías y nos hicieron preguntas sobre ustedes. Se enojaron porque dicen que ustedes lo suben a las redes”. Las autoridades se molestaron por las publicaciones en Instagram del proyecto, llegando incluso a acusar falsamente que “son de Milei”.
Esa tarde, la policía interceptó al equipo con una supuesta denuncia del cacique Guillermo López por “alterar la tranquilidad”. El Jefe del Destacamento y personas de civil no identificadas manejaron el operativo. Sin embargo, cuando Urdinez contactó a López, él desconocía totalmente la denuncia y reveló que la policía “me llevó solo al destacamento y me hicieron firmar algo, pero yo no sabía qué era”.
Durante dos horas de retención, cuatro personas de civil dirigieron el operativo de intimidación. Una persona identificada solo como “Hugo” se acercó a increpar al equipo: “Ustedes publicaron en Instagram que el gobierno de Formosa no los reconoce como pueblo”, evidenciando un monitoreo detallado de las redes sociales.
Los abogados consultados advirtieron que bajo ningún concepto debían ingresar a la comisaría ni entregar sus DNI. Finalmente, después de negociaciones, sacaron las mesas afuera de la comisaría para leer la acusación, pero se les prohibió fotografiar el documento. El equipo firmó en disconformidad y desistió de continuar la cobertura.
“No es la primera vez que alguien de Buenos Aires tiene problemas con la policía”, confirmó Sergio Medina, referente de la Organización Comunidad Nivaclé, evidenciando un patrón de hostigamiento a periodistas independientes.
La provincia de Formosa, gobernada ininterrumpidamente por Gildo Insfrán durante casi 30 años, mantiene un control territorial total con carteles oficiales en cada rincón. “Cualquiera que ose mostrar que ese modelo formoseño tiene grietas, es silenciado”, según describe el informe.
